El vocero de la bancada Fuerza Popular, Hernando Guerra García, aseguró que los fondos públicos que fueron otorgados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al partido fujimorista fueron usados de manera escrupulosa y según ley, ante críticas porque fueron destinados para pagar asesorías a Fernando Rospigliosi y Úrsula Letona, entre otros.
“Eso se ha hecho escrupulosamente. Cada vez que entregan recursos, la ONPE verifica qué se ha hecho y se ha hecho según lo que determina exactamente la ley”, aseguró ante la prensa.
El programa Punto Final reveló que Fuerza Popular pagó a Fernando Rospigliosi con una contratación para la elaboración de un informe sobre seguridad ciudadana. En total recibió S/ 180,000, los cuales fueron cancelados un mes antes de que se sumara al equipo técnico del partido, en diciembre del año pasado.
El partido liderado por Keiko Fujimori también benefició con una consultoría a la excongresista fujimorista Úrsula Letona. En total recibió S/ 119,000 a inicios de este año.
Fuerza Popular también firmó un convenio con la Universidad Internacional de La Rioja para que siete personas cursen la maestría en Comunicación y Marketing Político. Entre los beneficiados están los excongresistas Karina Beteta, Roy Ventura y Segundo Tapia y el actual parlamentario andino Luis Galarreta. En total se destinaron 25,000 euros de fondos públicos para este programa académico.
“Se ha hecho de manera ordenada, se ha hecho para capacitar, se ha hecho una escuela. Ha permitido los resultados que ha tenido Fuerza Popular en estas elecciones, ha permitido tener capacitaciones en época de pandemia”, aseguró Guerra García al justificar el uso de estos montos.
El portavoz fujimorista atribuyó las críticas por esta información al hecho de que Fuerza Popular está haciendo “una oposición bien hecha, directa y franca” al Gobierno.
En otro momento, Guerra García consideró que la primera ministra, Mirtha Vásquez, debería reflexionar sobre la designación del ministro del Interior, Luis Barranzuela, cuestionado por haber sido abogado de Vladimir Cerrón, Guido Bellido y Perú Libre en investigaciones por supuesto lavado de activos, cargos a los cuales renunció el mismo día que asumió su cargo en el Ejecutivo.
“La ministra Vásquez debería informar a la ciudadanía y también al Congreso cuáles han sido las razones para poder escoger a este ministro y esperamos que sus explicaciones sean satisfacciones. Está a tiempo de hacer correcciones [...] Ojalá la primera ministra haga una reflexión”, manifestó.