La separación del juez Marco Tejada del Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional, tribunal que lleva el proceso contra Gregorio Santos, ha provocado algunas variantes al juicio del ex gobernador de Cajamarca.
Como informó este diario, a través de la resolución 222-2017-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso la salida del citado magistrado “por presuntos hechos irregulares” que dio a conocer la coordinadora de la Sala Penal Nacional, Inés Villa Bonilla, mediante un informe.
En consecuencia, se ordenó que Tejada retorne a la Corte Superior de Justicia de La Libertad, “sin perjuicio de concluir” con los procesos que tiene pendientes, como el caso de Santos, para “evitar que el juicio se quiebre”.
Es decir, el magistrado debe viajar de La Libertad a Lima cada vez que tiene programada una audiencia del juicio a Santos. Sin embargo, este escenario deja la puerta abierta a imprevistos que podrían dificultar el proceso contra el mencionado ex gobernador.
Por ejemplo, ayer, el juez Tejada no acudió de manera presencial a la audiencia en la base naval del Callao. Según una fuente de Perú21 en el PJ, el vuelo del magistrado se canceló y se consideraba peligroso que viajara por vía terrestre.
Para evitar que el juicio se quiebre –recordemos que si un proceso se suspende por ocho días hábiles, regresa a fojas cero–, la participación de Tejada tuvo que realizarse por medio de una videoconferencia.
Otra fuente señaló que no es la primera vez que se apela a la tecnología (la videoconferencia) en el proceso, pero recordó que “no es irregular, la ley lo prevé”. “El problema es que el ancho de banda no resiste muchas horas”, agregó.
POR CORRUPCIÓN
El proceso contra Gregorio Santos está en manos del Poder Judicial desde marzo de 2016, cuando la Fiscalía presentó la acusación.El líder del Movimiento de Afirmación Social (MAS) es acusado de dirigir una organización delictiva que habría cobrado coimas a cambio de otorgar la adjudicación de 12 obras públicas en su periodo de gobernador de Cajamarca.
La buena pro se entregó a empresas relacionadas a Wilson Vallejos Díaz y Luis Pasapera, quienes habrían pagado sobornos que ascienden a más de S/1’200,000.
Por ello, el fiscal Walther Delgado pide 24 años de prisión para Santos por los delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión. Además, la incautación de una camioneta valorizada en US$42,990, siete terrenos ubicados en la localidad de Chepén, un terreno en la localidad de Baños del Inca-Cajamarca, y un departamento dúplex y un estacionamiento en Chiclayo valorizados en 225,000 soles.
Al inicio del juicio oral, la defensa del ex gobernador pidió al tribunal que se revelen los nombres de los colaboradores eficaces del caso.
Los jueces aprobaron el pedido y se conoció que tanto Vallejos Díaz como Pasapera se habían acogido al mencionado beneficio.
Los empresarios relataron a la Fiscalía los presuntos acuerdos con Santos y se presentaron documentos y comprobantes de pago para corroborar sus declaraciones.
Este diario se comunicó con el abogado Fernando Ugaz, quien señaló que dejó la defensa de Santos en octubre de 2017. Se negó a compartir el contacto del nuevo defensor.
ATERPA: UN PROCESO MÁS
Gregorio Santos también afronta otro proceso que actualmente se encuentra en investigación preparatoria.
En mayo de 2017, la Sala Penal Nacional transfirió el caso Aterpa al Sistema Nacional Anticorrupción.
Por este caso se investiga presunta colusión y lavado de activos a 13 imputados, entre ellos Santos, por una adjudicación a la sucursal en Perú de Aterpa, una empresa brasileña.
Según la Fiscalía, habría existido un pacto colusorio en la buena pro otorgada a la referida constructora para la “gestión y conservación” de una carretera, que tenía un valor referencial de S/70’507,521.
El contrato se firmó en 2012, cuando Santos era gobernador de Cajamarca.
“En la colusión se pactó el pago de comisiones ilícitas, ascendentes al 4.25% del valor total”, dijo la fiscal adjunta Diana Paico en una audiencia de incorporación de persona jurídica realizada hace unos días.
Para el Ministerio Público, Aterpa ganó el concurso “sin cumplir con los requerimientos técnicos”. “Se incluyeron partidas de imposible ejecución y se pagaron las mismas, lo que determinó un perjuicio para el Estado de más de S/17 millones”, agregó Paico.
“La empresa (Aterpa) recién ha sido citada en enero de este año. Es un proceso que, para la empresa, recién empieza. No hay una posición definida, estamos revisando el expediente”, señaló a Perú21 Carlos Caro, abogado de Aterpa en este caso.