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La constructora Graña y Montero presentó una solicitud de arbitraje contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por el paralizado proyecto Gasoducto del Sur, en el que fue socia con la empresa Odebrecht.
Desde la compañía peruana indicaron a Perú21 que el pedido se encuentra en la secretaría general del CIADI y que, actualmente, están a la espera de que se informe si se registrará o no. “El proceso de arbitraje se iniciaría con el registro”, indicaron las fuentes.
Aún se desconocen los motivos de esta decisión tomada por Graña y Montero, firma que se encuentra acogida a un proceso de colaboración eficaz.
Desde el equipo especial de la Fiscalía indicaron a este diario que esa postura “podría poner en riesgo el proceso de colaboración”. “Si se confirma esto, la consecuencia inmediata es que rechacemos el acuerdo de colaboración”, indicaron las fuentes.
El consorcio Gasoducto Sur Peruano, que ganó la adjudicación de la obra estimada en US$7,300 millones de inversión, estaba integrado por Odebrecht (con 55%), la española Enagás (25%) y Graña y Montero (20%). La empresa española fue incorporada como investigada en agosto de este año.
El exdirectivo brasileño Jorge Barata confirmó en su último interrogatorio en Brasil que Odebrecht pagó coimas para adjudicarse la obra -paralizada desde 2017- durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016). La ex primera dama Nadine Heredia es la principal investigada en este proceso.
