Las confesiones de Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, han comprometido al prófugo empresario Gonzalo Monteverde no solo con el delito de lavado de activos, sino también con el de defraudación tributaria.
A pedido de la Procuraduría de la Sunat, el fiscal Freddy Vizcarra reabrió en octubre de 2018 una investigación que se había archivado en 2009 a la empresa Construmaq SAC, vinculada a Monteverde.
El cierre de esa investigación se sustentó en un informe que en ese momento emitió la Sunat señalando que no había advertido la comisión de algún ilícito por parte de la mencionada compañía.
Sin embargo, casi diez años después se supo que esa empresa habría sido usada por la constructora Odebrecht para lavar activos.
Barata contó al equipo especial de la Fiscalía que se efectuaron contratos ficticios con Construmaq y otras empresas de Monteverde para ingresar dinero ilícito al país.
El exdirectivo Luiz da Rocha Soares detalló que se transfirió hasta US$29 millones a estas compañías a través de la offshore de Odebrecht, entre 2007 y 2015. Esos recursos, según su versión, sirvieron para pagar sobornos a funcionarios y financiar campañas políticas.
Perú21 conoció, además, que el procurador de la Sunat, Antenor Escalante, ha identificado que los consorcios encargados de construir los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur –y que encabezó Odebrecht– no han logrado sustentar las facturas de contratos supuestamente realizados con Construmaq.
Fuentes consultadas por este diario indicaron, también, que Gonzalo Monteverde acudió solamente una vez a declarar ante la Fiscalía por este caso y lo hizo este año, antes de que se le dictara 36 meses de prisión preventiva.
José Luis Francia, abogado del empresario, calificó de “ilegal y arbitraria” la reapertura del proceso. “La capacidad fiscalizadora de Sunat ha prescrito”, sostuvo a este diario.