Pedro Castillo cumplirá 18 meses de prisión preventiva con 8 investigaciones

Pedro Castillo no volverá a recuperar su libertad al menos en los próximos 18 meses. El juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó ayer su prisión preventiva al advertir que con el golpe de Estado que perpetró, el pasado 7 de diciembre, quiso traerse abajo las investigaciones que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, inició en su contra.

Para Checkley el peligro procesal que representa el expresidente golpista es evidente. Una prueba clara fue el testimonio del comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, quien narró a la Fiscalía que Castillo le ordenó detener a Benavides momentos después de haber anunciado la ilegal reorganización del sistema de justicia y el inconstitucional cierre del Congreso.

En la audiencia de ayer, el fiscal supremo Alcides Chinchay sustentó el requerimiento de prisión haciendo hincapié en que el exmandatario quiso específicamente que su principal investigadora –y no otro alto funcionario judicial, como la titular de la Corte Suprema, el presidente de la Junta Nacional de Justicia o el del Tribunal Constitucional– sea capturada.

MIRA: Félix Chero recibió S/50 mil para cambiar a jefe de la Sunarp, según colaborador

“Se ha evidenciado el ánimo (de Pedro Castillo) de obstruir el correcto desenvolvimiento de los entes públicos, en concreto las investigaciones en su contra”, refirió el magistrado.

La fiscal Benavides imputa al exjefe de Estado encabezar una organización criminal que se enquistó en el Poder Ejecutivo para repartirse obras y puestos públicos en distintos estamentos del Estado.

El juez Checkley, además, advirtió que Castillo Terrones podría buscar asilo político en la embajada de México tras corroborar que el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, anunció que comunicó al embajador mexicano en Lima que le abriera las puertas de la embajada al profesor chotano si este lo solicitaba.

A las afueras de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía, donde permanece detenido el exgobernante, sus seguidores se hicieron escuchar hasta que el juez leyó su fallo. El anuncio cayó como un baldazo de agua fría entre los manifestantes, muchos de ellos docentes.

Algunas personas llevaron colchonetas y carpas para pernoctar en el lugar donde su líder estará a la espera de conocer en qué penal será recluido.

El exprocurador anticorrupción Yván Montoya dijo en Perú21TV que la medida contra Castillo fue idónea y bien sustentada. Sin embargo, expresó su extrañeza porque el mismo criterio no se aplicó con el expremier Aníbal Torres. “La comparecencia con restricciones no atenúa un riesgo de fuga (de Torres)”, comentó.

La octava investigación

Ayer mismo se conoció que la fiscal de la Nación abrió una nueva investigación, esta vez por la recepción de presuntas coimas entregadas por la empresaria Sada Goray.

El caso se sostiene en las declaraciones brindadas por el exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, quien señaló al equipo especial que encabeza la fiscal Marita Barreto que entregó S/100 mil en la mano al exmandatario.

De acuerdo a su relato, en la segunda semana de setiembre del 2021, Castillo le requirió al entonces ministro del sector, Geiner Alvarado, un “aporte económico” para financiar el viaje de manifestantes de provincia a Lima.

Según el detenido Marrufo, que ahora es colaborador eficaz, Alvarado le recomendó que hablara con Goray, quien era representante de la empresa Markagroup, para que apoyara con el dinero, y a cambio se firmaría un convenio con el Fondo Mi Vivienda para acceda a créditos hipotecarios.

La empresaria, que habría entregado más de S/9 millones en coimas, fue cediendo en partes los montos en efectivo, y Castillo habría recibido S/50 mil cada mes desde enero de este año.

Marrufo detalló que en mayo el entonces presidente acudió a su oficina en Vivienda para recoger S/100 mil porque Alvarado había olvidado abonarle el dinero correspondiente al mes de abril.

Tenga en cuenta

-El juez también dictó comparecencia con restricciones contra Aníbal Torres. Si bien quedó establecida su participación alentando el golpe de Estado, el magistrado acotó que no dictaría prisión contra él por su avanzada edad.

-Los otros procesos que pesan sobre Castillo son: caso Petroperú, Puente Tarata, ascensos irregulares en las FF.AA. y PNP, plagio de tesis, caso Yenifer Paredes y la destitución de Mariano González como ministro del Interior.

VIDEO RECOMENDADO