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Golpe, caída y prisión: los hitos que convirtieron a Pedro Castillo en dictador
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“Al señor presidente Pedro Castillo se le entregaba sumas de 50 mil soles mensuales”. Esta y otras confesiones públicas de Salatiel Marrufo, el 7 de diciembre del año pasado frente a la Comisión de Fiscalización del Congreso, fueron la gota que derramó el vaso que Pedro Castillo llenaba siempre que pensaba en patear el tablero.
Salvarse y correr pasaba de ser una opción a ser una necesidad. El expresidente, acorralado por las incriminaciones en su contra por casos de escandalosa corrupción en el Ministerio de Vivienda, el MTC, entre otras entidades públicas, asestaría dos horas más tarde un peculiar golpe de Estado que lo convertiría en el dictador peruano del siglo XXI.
Fracasado el golpe casi a la hora de darlo, abandonaría raudamente Palacio de Gobierno por la puerta trasera, para buscar asilo en el extranjero, específicamente en México. Su detención y posterior reclusión en el penal de Barbadillo, donde actualmente se encuentra cumpliendo una prisión preventiva, acusado de los delitos de conspiración y rebelión, terminarían con una errática y corrupta presidencia que obtuvo más por suerte que por mérito.
Un año después, su captura de película en una de las principales avenidas del Centro Histórico de Lima, interceptado por policías armados mientras fugaba en una camioneta gris, es recordada por la valiente y eficiente decisión de comprometidos mandos policiales. El Perú tiene un Estado de derecho.
INTENCIONES OSCURAS
El golpe no se quedó solo en el discurso. Castillo dispuso no solo el cierre del Congreso sino también la detención de la fiscal de la Nación, según declaró ante el Ministerio Público el entonces comandante general de la PNP, Raúl Alfaro.
“General, cierre el Congreso, saque a todos e intervenga a la fiscal de la Nación”, le dijo Castillo usando el celular de Willy Huerta, otrora ministro del Interior. Alfaro, lejos de acatar esa inconstitucional medida, decidió capturar al profesor. Según fuentes policiales, el oficial consultó con varios amigos policías ya retirados, quienes le aconsejaron que siga adelante.
Castillo sobrevivió en el poder con alfiles como Aníbal Torres, Betssy Chávez o el propio Huerta, quien además, según fuentes de Perú21, desde que asumió el cargo buscó inmiscuirse en las instituciones del Estado que tenían en la mira a Castillo y a su círculo cercano.
Según supo este diario, al día siguiente de jurar en el cargo, Huerta solicitó al coronel PNP Harvey Colchado un informe sobre el estado de la captura de “los más buscados”. ¿Quiénes se encontraban en la lista negra? Nada más y nada menos que Juan Silva, Bruno Pacheco y los sobrinos de Castillo.
Huerta, señalado por la Fiscalía como instigador del golpe de Estado, recibió el informe y, posteriormente, se comunicó vía WhatsApp con Colchado a quien, por error, le escribió “presidente, me acaba de decir que ya está trabajando con Marita Barreto (en las capturas), ¿cómo hacemos?”, confundiendo el chat de Colchado con el del mismísimo Castillo, según las fuentes consultadas por este diario.
Al final, se le recordará como el presidente del sombrero grande que entraba, en la penumbra de la noche y con gorro, a la casa de Sarratea para hacer sus negociados.
INCAUTAN BOMBARDAS Y ESCUDOS
Fue un operativo preventivo. Efectivos policiales incautaron en la tarde de ayer, en un inmueble del Centro de Lima, cascos de construcción civil, escudos de metal y madera y bombardas, que iban a ser usados por los manifestantes para enfrentarse hoy con efectivos del orden en las movilizaciones de la quinta ‘Toma de Lima’.
En julio último, Perú21 informó de los ataques que realizaron los manifestantes, en la tercera ‘Toma de Lima’, contra agentes policiales, lanzándoles bombas molotov y artefactos pirotécnicos.
Por la mañana, en un evidente desafío al estado de emergencia, que está vigente en el Cercado de Lima, el dirigente del Movadef de Puno —según Dircote— y coordinador de la CNUL, Lucio Ccallo, dio a conocer la agenda de movilizaciones durante los próximos tres días —7, 8 y 9— que buscará la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la liberación del exmandatario golpista Pedro Castillo así como de la dirigente del organismo de fachada senderista Fredepa, Rocío Leandro, ‘camarada Cusi’.
Según fuentes de Perú21, la Municipalidad de Lima y la Policía seguirán la marcha en el Centro con las 189 cámaras de seguridad, para grabar el vandalismo y realizar las detenciones en flagrancia, pues está prohibido movilizarse en el Cercado.
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