La periodista Tiffany Tipiani fue apartada a la fuerza por personal de Pedro Castillo. (Difusión)
La periodista Tiffany Tipiani fue apartada a la fuerza por personal de Pedro Castillo. (Difusión)

El Gobierno de (izquierda) reemplazó al (dominado por la derecha) como el mayor agresor a la prensa en Perú en un año marcado por un polarizado y convulso proceso electoral, según denuncia el informe anual preliminar de la (SIP).

La organización que reúne a propietarios y directores de los principales medios de comunicación de Iberoamérica denuncia en su documento, que aún debe ser aprobado por su Asamblea General, la actitud “silenciosa y crítica” con los medios de Castillo, un maestro rural que llegó a la Presidencia por el partido Perú Libre, cuyo ideario recoge “cambios y regulaciones” en la gestión de los medios que podrían atentar contra la libertad de prensa.

Particularmente, la organización expone en su informe, al que EFE tuvo acceso, que dicho ideario ataca directamente a la SIP, a la que tilda como representante de “los intereses de grupos económicos empresariales y financieros de América” y exige al país “independizarse” de la misma.

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Esta situación contrasta con años anteriores, en los que el Congreso peruano fue el poder público que más intentó perturbar la libertad de prensa con la aprobación de normas para limitar, regular o intervenir en los medios de comunicación del país andino.

Agresiones

En su documento, que la SIP presenta en coincidencia con la inauguración de su 77ª Asamblea General, la patronal de los medios denuncia además que los ataques físicos contra periodistas y sus propiedades han reemplazado en Perú a las querellas judiciales como el principal medio de agresión a los medios.

“La polarización vivida durante las elecciones presidenciales, tanto en primera como segunda vuelta, degeneró en ataques y censura contra periodistas y medios. Especial saña sufrieron periodistas que profesan líneas editoriales contrarias al fujimorismo o abiertamente antifujimoristas”, subraya el documento.

Ya después de las elecciones y con la derrota confirmada de la candidata derechista Keiko Fujimori ante Castillo, varios periodistas de diversos medios fueron agredidos por manifestantes violentos de Fuerza Popular (partido fujimorista) y otros grupos radicales que intentaban forzar su ingreso a Palacio de Gobierno.

La SIP también critica que, durante la campaña electoral y antes de que fuera elegido presidente, varios periodistas que seguían a Castillo hayan sido agredidos y otros medios recibieran amenazas como decir que revelaría “cuánto ganan los que conducen los programas de televisión y quién les paga”.

La actitud violenta de la custodia presidencial hacia los periodistas que han intentado entrevistar al mandatario en sus apariciones públicas también es motivo de preocupación para la SIP.

Acceso y proyectos

La mayor parte de las quejas de la SIP se centra sin embargo en las limitaciones al acceso de los medios de comunicación a la información pública, la negativa del presidente y sus ministros a dar entrevistas y que no haya permitido el acceso de medios privados a actos y ceremonias públicas.

Así, apuntó que durante la jura del primer gabinete de ministros de Castillo “los medios privados fueron prohibidos de ingresar a la ceremonia, que solo se transmitió a través de los medios del Estado”, lo mismo que sucedió con la transmisión de las carteras ministeriales.

Las limitaciones y control de acceso a eventos oficiales desde el estallido de la pandemia de la covid-19, y las actividades presidenciales sin cobertura de medios privados ya fueron comunes tanto bajo Martín Vizcarra (2018-2020) como con Francisco Sagasti (2020-2021).

La SIP también identificó como problemático para la libertad de prensa un proyecto de ley presentado por el congresista de Perú Libre Abel Reyes para declarar “declarar de necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espacio electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación”.

La idea de esa norma, que ya desechada y que nunca avanzó en sus trámites legislativos, era habilitar al Ejecutivo a dictar medidas obligatorias a los medios “en caso de emergencia” y para “asumir la prestación directa de determinados servicios o la explotación de ciertas redes de telecomunicaciones cuando sea necesario”.

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