El Gobierno presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca que no prescriba el cobro de la reparación civil para los condenados por terrorismo. La cúpula de Sendero Luminoso y del MRTA adeuda al Estado por lo menos S/3 mil 750 millones.
Además, plantea que el impedimento de salida del país de los procesados por terrorismo no caducará "hasta que cumpla su condena o pague el total de su reparación civil".
En concreto, no podrán ser rehabilitados hasta que cancelen toda la suma dispuesta por el Poder Judicial al momento de su sentencia.
"La reparación proveniente de actos terroristas posee una especial connotación de sensibilidad social ligada al quebrantamiento de las expectativas más básicas de convivencia", advierte.
El proyecto de ley, que lleva la firma del presidente Martín Vizcarra, y del premier César Villanueva, establece mecanismos de celebridad para el procesamiento y juzgamiento de terroristas.
Por ejemplo, modifica el artículo 274 del Código Procesal Penal a fin de disponer que la investigación o el proceso podrán prolongarse hasta por 36 meses siempre y cuando la pena sea mayor de 25 años. También si el caso está vinculado a cabecillas terroristas y el daño generado tenga "repercusión nacional".