El Gobierno plantea multa y disolución de empresas implicadas en corrupción

El Ejecutivo envió un proyecto al Congreso de la República en el cual se establece una multa y la disolución de las empresas privadas implicadas en casos de corrupción.

Según la premier Ana Jara, la iniciativa tiene como objetivo impulsar una fiscalización "mucho más efectiva" en ese tema y apunta a que las empresas de derecho privado sean sancionadas en caso se encuentren involucradas en este tipo de actos.

"Hasta ahora la responsabilidad había alcanzado a las empresas de derecho mercantil. Ahora queremos apuntar también a las empresas de derecho privado, que haya una fiscalización mucho más efectiva y que nos permita cerrar todo este círculo donde se han descubierto muchos actos de corrupción", afirmó.

Ana Jara refirió que también se plantea brindar protección a las personas que denuncian actos de corrupción en la administración pública, para así evitar que sean víctimas en sus centros de labores. La medida se hará extensiva a sus familias y los trámites que deban realizar no tendrán costos.

"Se hará un proceso sumario para que lo ventilado en sede administrativa finalmente tenga un desarrollo más diligente", comentó.