El Gobierno presentó ante el Congreso un proyecto de ley que dispone acciones para garantizar el cobro de la reparación civil de los sentenciados por terrorismo, apología del terrorismo, tráfico de drogas y corrupción, y busca impedir que trabajen en el Estado tras cumplir sus condenas.
El documento precisa que entre 2011 y 2015 se recaudaron S/23’396,714 por reparación civil en casos de corrupción, pero se estima que lo no cobrado bordea los mil millones de soles. Mientras que por terrorismo, pagaron S/1’486,490, pero lo adeudado sobrepasa los S/6 mil millones.
Advierte que S/21’596,500 (de 32 condenados) por reparación en casos de terrorismo ya prescribieron y entre 2017 y 2018 se perderían S/13 millones (de 148 sentenciados). En su propuesta, el Ejecutivo dispone que la acción civil no se extinga, a fin de lograr el cobro efectivo de la reparación.
Plantea la obligación de los deudores a informar, cada trimestre, al Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia su domicilio y su actividad económica.
Consultado por Perú21, el presidente de la Comisión de Defensa, Javier Velásquez Quesquén, saludó el proyecto del Ejecutivo y sostuvo que abonará al debate, aunque señaló que ya está en agenda una propuesta “integral” de su autoría sobre la posición del Estado frente a los condenados por terrorismo.
El proyecto del Ejecutivo establece la inscripción obligatoria de la sentencia consentida en el Registro Nacional de Sanciones para servidores civiles.