(Renzo Salazar)
(Renzo Salazar)

Redacción PERÚ21

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El Gobierno presentó ante el un proyecto de ley que dispone acciones para garantizar el cobro de la reparación civil de los sentenciados por , apología del terrorismo, tráfico de drogas y corrupción, y busca impedir que trabajen en el Estado tras cumplir sus condenas.

El documento precisa que entre 2011 y 2015 se recaudaron S/23’396,714 por reparación civil en casos de corrupción, pero se estima que lo no cobrado bordea los mil millones de soles. Mientras que por terrorismo, pagaron S/1’486,490, pero lo adeudado sobrepasa los S/6 mil millones.

Advierte que S/21’596,500 (de 32 condenados) por reparación en casos de terrorismo ya prescribieron y entre 2017 y 2018 se perderían S/13 millones (de 148 sentenciados). En su propuesta, el Ejecutivo dispone que la acción civil no se extinga, a fin de lograr el cobro efectivo de la reparación.

Plantea la obligación de los deudores a informar, cada trimestre, al Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia su domicilio y su actividad económica.

Consultado por Perú21, el presidente de la Comisión de Defensa, Javier Velásquez Quesquén, saludó el proyecto del Ejecutivo y sostuvo que abonará al debate, aunque señaló que ya está en agenda una propuesta “integral” de su autoría sobre la posición del Estado frente a los condenados por terrorismo.

Sabía que

El proyecto del Ejecutivo establece la inscripción obligatoria de la sentencia consentida en el Registro Nacional de Sanciones para servidores civiles.