El Gobierno del presidente  derogó este miércoles cuatro decretos supremos que aprobaron los contratos de licencia para la exploración y explotación de cinco lotes petroleros, los que fueron emitidos al final de la gestión de .

En concreto, se anula el proceso seguido para la firma de los contratos de los lotes Z-64, Z-65, Z-66, Z-67 y Z-68, ubicados en el zócalo continental frente a las costas de las provincias de Tumbes, Paita, Sechura, Chiclayo, Lambayeque, Santa, Casma y Huarmey.

Según la norma, firmada por el presidente y los ministros de Economía, David Tuesta, y de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, la decisión se tomó luego una evaluación realizada por el Ejecutivo y la Contraloría General de la República.

Se argumenta, por ejemplo, que  el Estado garantiza el derecho fundamental de las personas a participar en los asuntos públicos.

Además, se menciona la importancia del proceso de participación ciudadana. "Es deber de las entidades públicas y privadas que intervienen en dicho proceso, informar acerca del proyecto de inversión, sus posibles impactos, las actividades y actuaciones a realizar (...) bajo los criterios de veracidad", precisa el decreto supremo firmado por Vizcarra.

Decreto firmado por Martín Vizcarra
Decreto firmado por Martín Vizcarra

Como una de sus últimas medidas, el gobierno de PPK autorizó adjudicar los cinco lotes a la compañía Tullow Perú, sucursal de la irlandesa Tullow Oil, donde se había previsto invertir unos US$ 250 millones.

Sin embargo, esta decisión despertó las protestas de los pescadores de Piura, Lambayeque y Áncash y el posterior anuncio del gobierno de Vizcarra de no firmar nada hasta conocer la posición de la sociedad civil y, en general, de todos los actores involucrados.

“No vamos a firmar los contratos, mientras no tengamos la claridad. Lo que prima aquí es la transparencia, y ese espíritu, lo vamos a revisar minuciosamente sobre la conveniencia para el Perú y todos los peruanos", aseguró hace dos semanas el mandatario.

Por ello, la norma de hoy informa que en un plazo de 120 días se aprobará el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos, que será de aplicación inmediata incluso en los procesos de contratación en trámite.