La dramática realidad de los penales en el Perú era sabida desde hace varios años. Luego de un largo suplicio, el Poder Ejecutivo declaró en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) por dos años (24 meses), debido a la sobrepoblación dentro de los establecimientos penitenciarios. La medida busca optimizar la prestación de servicios de resocialización.
Las razones son explicadas en el Decreto Supremo N.° 014-2024-JUS: “(…) crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios (136% de sobrepoblación) y las severas deficiencias en su capacidad de albergue, calidad de infraestructura e instalaciones sanitarias, de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos a nivel nacional”, se lee en el documento.
Además, los avances de la Política Penitenciaria 2030 no han sido los esperados. “Si nosotros pudiéramos liberar estos centro penitenciarios de aquellas personas que han cometido delitos muy leves creo que podríamos aliviar en gran forma el hacinamiento que venimos afrontando”, dijo Juan Alcántara, viceministro de Justicia, a Canal N.
Con respecto al proyecto que pretendía ampliar el penal de Challapalca, sostuvo que han desistido ante la negativa de las autoridades tacneñas y están viendo otras alternativas.
La norma fue publicada el martes en el Diario Oficial El Peruano y dispone que el Ministerio de Justicia elabore una Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria en 45 días, con el objetivo de garantizar la implementación de la Política Nacional Penitenciaria a 2030.
Esta medida se da luego de que el Consejo de Estado llevado a cabo el 5 de noviembre, acordara «disponer recursos para la infraestructura penitenciaria, logrando la ampliación de penales existentes y la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios».
“En ese sentido, es necesario declarar en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario (SPN) y el Instituto Nacional Penitenciario, y disponer la elaboración de la Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria”, indica la norma.
Asimismo, la norma precisa que el SPN, a agosto de este año, albergaba a 98,127 reclusos en los 69 establecimientos penitenciarios, a pesar de que la capacidad original es de solo 41,556, representando una sobrepoblación de 136%.
Además, indica que un informe de la Dirección de Política Criminológica del Minjus señala que la población penitenciaria de procesados no alcanzó a 28%.
“La situación crítica se agrava aún más, debido a la insuficiente capacidad de los establecimientos penitenciarios existentes. Al 2023, solo el 50.2 % de la población privada de libertad se encontraba en establecimientos con condiciones adecuadas de infraestructura y servicios”, señala la norma.
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