Gobernadores corruptos que se aprovecharon de sus pueblos

Los diversos casos de corrupción y otros escándalos que salpican a las máximas autoridades de los gobiernos regionales ponen a prueba cada cierto tiempo al proceso de descentralización emprendido en 2002 y deja la interrogante latente de si el mismo ya fracasó o, por lo menos, si acaso está en ese camino.

En nuestra historia reciente se cuenta ya con un largo rosario de autoridades regionales juzgadas y sentenciadas en su mayoría de organizaciones de izquierda o izquierda radical, como los pocos célebres; Gregorio Santos (Cajamarca), antiminero condenado por recibir una coima; o Vladimir Cerrón (Junín), el dueño de Perú Libre sentenciado por negociación incompatible.

A ese grupo de autoridades cuestionadas se sumaron hace poco dos figuras más, cada una tan solo con días de diferencia. El 22 de octubre último, Arequipa vio cómo su gobernador, Elmer Cáceres Llica, era detenido tras haber estado libando licor y ser señalado como cabecilla de la organización criminal Los Hijos del Cóndor, y presuntamente pagar cupos a los consejeros para no ser fiscalizado.

Tan solo ocho días después ocurrió lo mismo con la máxima autoridad de Puno, el gobernador Agustín Luque Chayña, igualmente acusado de corrupción y de ser cabecilla de Los Supremos del Altiplano. Ambos ya tienen órdenes de prisión preventiva en su contra y están internados en un penal.

Pero, según registros de la Procuraduría Anticorrupción, a nivel nacional hay 196 casos vigentes por delitos de este tipo y que salpican a casi todos los gobernadores regionales del presente periodo 2018-2022. Ya sea que hayan sido electos en el último proceso electoral o los que quedaron como encargados al caer los primeros.

Junín, bastión de Perú Libre, es la región que lidera este ranking, sumando más de 40 casos entre el gobernador Vladimir Cerrón (su segundo periodo se inició en 2019) y su sucesor, Fernando Orihuela, también del partido.

De ese universo de casos en las regiones, más del 60% se encuentran en diligencias preliminares, mientras que un 29% ya está en investigación formalizada por la Fiscalía.

Así pues, lo que surgió como una justa democratización se ha visto golpeada de forma incesante por organizaciones criminales ansiosas de poder usando el argumento ya trillado de “las justas luchas del pueblo”, que se suma a la ya recurrente falta de capacidad de gestión.

¿Cómo cambiar el rumbo en los próximos comicios de 2022?

TENGA EN CUENTA:

El último jueves, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) rechazó “la estigmatización de corruptos e incapaces”.

Asimismo, exigió a la Contraloría “mayor prudencia”, además de “no hacer acusaciones de corrupción sin sustento”.

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