Los audios de la vergüenza reflejaron que los procesos administrativos y las colocaciones de personal en la Corte Superior de Justicia del Callao se realizaban al antojo de los corruptos de turno. La comisión investigadora de la gestión de Walter Ríos ha concluido que el ex mandamás de la Corte encontró la forma de vulnerar la Ley de Contrataciones del Estado para tener control total del presupuesto.
El informe de la Comisión de Evaluación de la Gestión Administrativa de la Corte del Callao, que se creó en julio pasado y es presidida por el juez supremo Héctor Lama, señala que en la gestión de Ríos no se cumplió con la “normativa de contrataciones del Estado”.
Según el documento, al que tuvo acceso Perú21, una de las obras en cuestión es el mantenimiento y remodelación de la sede del Callao –ubicada en la avenida Colonial–, ordenada por Walter Ríos, en lo que se gastaron S/900 mil sin realizar licitación alguna.
¿Y CÓMO LO HACEN?
El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) establece que cualquier adjudicación de obra por un monto superior a S/33,200, equivalente a ocho unidades impositivas tributarias (UIT), tiene que ser supervisada. Pero en la Corte del Callao se dieron maña para saltarse la supervisión.
Para remodelar las oficinas de la Corte se tenía que gastar S/900 mil, pero la preocupación de Walter Ríos y sus funcionarios era evitar que el OSCE los vigile. Entonces, usaron su ingenio para las matemáticas.
Para pagar la remodelación sin supervisión se fraccionó la entrega de dinero a las empresas que realizaron la obra en montos exactos S/33,200. No se podían pasar ni un sol.
La comisión investigadora mantiene en reserva los nombres de las empresas que se prestaron al oscuro y muy bien calculado plan de la Corte, pero sí reveló el modo de operar.
¿CUÁL ES EL NEGOCIO?
“De la revisión de las contrataciones de bienes y servicios efectuada por la Corte Superior de Justicia del Callao se aprecia que no se habría cumplido con la normativa de contrataciones del Estado, al existir varias órdenes por un mismo o similar servicio, lo que supondría que se habría estado fraccionando las contrataciones para no realizar licitación o concurso público”, señala el documento de la comisión Lama.
Los funcionarios de la Corte contrataron en reiteradas oportunidades a un mismo proveedor por montos menores o iguales a las ocho UIT.
A cuatro empresas se les contrató en cinco oportunidades. Cada contratación significaba una factura por S/33,200 lo que resultaba en total S/166,000. En total, estas proveedoras facturaron servicios por S/664,000.
A otra empresa se le contrató por S/99,600, pero evidentemente facturado en tres partes para no exceder las ocho UIT. Así, Walter Ríos y sus funcionarios lograron eludir la supervisión de OSCE.
“Se denota un indebido manejo de los recursos públicos otorgados a la Corte Superior de Justicia del Callao”, indica el informe.
En diálogo con este diario, Héctor Lama explicó que se han hecho solo contrataciones parciales menores a las ocho UIT para evitar la licitación.
“Contraloría tendrá que verificar si el haber subdividido el servicio en partes pequeñas para evitar la licitación fue el objetivo para evadir la ley”, sostuvo.
Otras irregularidades detectadas por la comisión investigadora comprueban que los cuadernos de control del periodo Ríos presentan deficiencias en el llenado de información.
No están los nombres de los visitantes, mucho menos los motivos de la visita –además de los datos de las fechas y horas– al despacho del entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao.
En relación a la caja chica, el informe señala que se ha encontrado recibos de movilidad local que no cuentan con el sustento que respalde el gasto realizado o montos que no se ajustan al tarifario establecido.
Sobre los convenios, el grupo de trabajo concluye que en la Corte del Callao carecen de lineamientos o de una directiva que establezca el procedimiento que se debe seguir y cumplir para la proyección y celebración de convenios de cooperación institucional.
“Se ha comprobado que la Corte Superior celebró convenios de cooperación interinstitucional con la Universidad Telesup, de propiedad del ex congresista José Luna”, se lee en el documento.
Una copia del informe de la comisión investigadora fue remitida a la Contraloría de la República para que profundice en las pesquisas.
TENGA EN CUENTA
En la madrugada de ayer, el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva para 13 miembros de Los Cuellos Blancos del Puerto.
El juez Manuel Chuyo aceptó el pedido de la Fiscalía. Los investigados continuarán el proceso en prisión para evitar el peligro de fuga y la obstaculización de las pesquisas.
Según el juez, existen pruebas que indicarían que Walter Ríos es el cabecilla.
Walter Ríos es imputado por el Ministerio Público por los delitos de tráfico de influencias y cohecho.
La prisión preventiva también fue dictada para los empresarios Antonio Camayo y Mario Mendoza. Y para el ex funcionario de la ONPE Luis Cavassa.
La acusación fiscal señala que Los Cuellos Blancos pervirtieron el sistema de justicia.
DATOS
El responsable del portal Transparencia de la Corte del Callao era Carlos Parra, hoy también con prisión preventiva.
Parra también se desempeñaba como gerente de Administración y era funcionario de confianza de Walter Ríos.
Desde enero de 2018, Transparencia de la Corte no publica datos. Está vacío el portal y no hay forma de que los ciudadanos sepan en qué se invertían los dineros.