La comisión especial encargada de seleccionar a los futuros integrantes de la Junta Nacional de Justicia confundió un concurso de méritos con una prueba de derecho, advirtió esta tarde el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Gerardo Távara, en Perú21TV.
“Se tomó una prueba de conocimientos que, desde nuestro punto de vista, no fue la mejor. La comisión especial confundió, por decirlo de alguna manera, lo que es un concurso de méritos con lo que es conocer varias disciplinas del Derecho”, afirmó.
En esa línea, consideró necesario que se resuelva el impasse surgido tras la prueba de conocimientos tomada el domingo pasado donde solo aprobaron tres de los 104 aspirantes que se presentaron.
“Lo que necesitamos como prioridad para la Junta Nacional de Justicia es personas con idoneidad ética y trayectoria democrática comprobada y eso no se mide con la prueba que se aplicó el domingo”, añadió.
Sostuvo que la idoneidad se mide con los antecedentes personales, la declaración jurada de intereses, no figurar en la lista de deudores alimentarios morosos y la conducta pública, especialmente con las declaraciones realizadas a la prensa en los últimos cinco años.
Señaló que la comisión que encabeza el defensor del Pueblo tiene la potestad para evaluar todos esos aspectos y resaltó que haya ese compromiso tras las denuncias que cuestionan al abogado que obtuvo el primer puesto en dicha prueba (David Dumet).
Távara cuestionó que el citado abogado haya expresado en su cuenta de Twitter opiniones en defensa del polémico fiscal supremo Pedro Chávarry (investigado por sus nexos con la organización Los Cuellos Blancos del Puerto) además de haber emitido, según indicó, conceptos agresivos, homofóbicos y denigrantes.
“Tiene altos conocimientos del Derecho pero su comportamiento en las redes sociales, ¿refleja idoneidad ética?, esa es la pregunta que tiene que hacerse la comisión especial”, subrayó.
EXHORTA AL DIÁLOGO
En otros pasajes de la entrevista, Távara invocó al diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso a fin de hallar consensos orientados a impulsar la reforma política en el país.
Consideró fundamental que el Legislativo apruebe los proyectos enviados por el Ejecutivo de manera tal que puedan regir en los comicios generales de 2021.
“Si queremos elecciones en el 2021, si queremos evitar campañas electorales financiadas con dineros de corrupción y del narcotráfico, evitar autoridades que se venden o que ceden fácilmente a la coima y la corrupción, necesitamos cambiar las reglas de juego”, señaló.
“Tenemos, máximo, hasta abril de 2020. Todo aquello que se modifique después de esa fecha no podrá ser aplicado en los comicios de 2021”, advirtió.