El texto que aprobó el Congreso tiene una disposición complementaria que habla del oficial de cumplimiento, quien es una persona que tiene la responsabilidad de vigilar que no haya operaciones sospechosas al interior de una organización.
El oficial de cumplimiento en otras instituciones reporta a la Unidad de Inteligencia Financiera, pero en el dictamen aprobado en el Legislativo se establece que lo hará a la ONPE.
Además, se señala que si el oficial considera que no hay nada irregular y la ONPE respalda el informe que esta persona presenta, se libera de responsabilidad penal, civil y administrativa a las organizaciones políticas, es decir, están atando a la Fiscalía.
Actualmente, el cargo de oficial de cumplimiento no es obligatorio, pero aún cuando se dejara como algo voluntario como es ahora, lo que me parece más grave es que con la posición de la ONPE se exonere de responsabilidades a quienes han cometido algún acto delictivo.
Lo que se está haciendo es condicionar la labor del Ministerio Público.