El Ministerio Público ha solicitado 36 meses de impedimento de salida del país contra el censurado extitular del MTC Geiner Alvarado. (Foto: Justicia TV)
El Ministerio Público ha solicitado 36 meses de impedimento de salida del país contra el censurado extitular del MTC Geiner Alvarado. (Foto: Justicia TV)

El exministro de Transportes y Comunicaciones, , se allanó al pedido fiscal de impedimento de salida del país por 36 meses, en el marco de la investigación que afronta por presuntamente ser operador de una organización criminal que encabezaría el presidente .

Durante la audiencia, el abogado del extitular del MTC, Percy Ipanaqué, anunció que su patrocinado se allanará a la solicitud del Ministerio Público, luego que días atrás hiciera entrega de su pasaporte.

Por su parte, el fiscal supremo provisional Marco Huamán afirmó que existiría riesgo de fuga “intermedio” por parte de Alvarado, luego que el pasado 17 de setiembre solicitara que se le retire el servicio policial de seguridad de Estado tras su viaje a Chiclayo.

“La ausencia del país podría generar que se frustre la eficacia de la investigación. Máxime si existe la posibilidad real de poder salir del país pues cuenta con los recursos para ello”, advirtió el representante del Ministerio Público.

Finalmente, el fiscal Huamán explicó que la presunta organización criminal que investigan tiene “una particular dificultad”, puesto que se encuentran involucrados algunos altos funcionarios involucrados “aún en actividad”.

En su intervención, el exministro aseguró que su comportamiento ha sido siempre de colaboración y que acudirá las veces que lo llamen a declarar. Tras ello, el juez supremo Juan Carlos Checkley anunció que la resolución será expedida en el plazo de ley.

El Ministerio Público pidió dicha medida restrictiva para proteger la investigación, poco después de que el Congreso censurara a Geiner Alvarado, por los presuntos actos irregulares que habría cometido cuando fue ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

El exfuncionario es investigado por el presunto delito de organización criminal, junto a Castillo Terrones, por supuestamente haber dispuesto que funcionarios y empresarios se beneficiaran con proyectos licitados en la Municipalidad de Anguía (Chota, Cajamarca), Chachapoyas (Amazonas) y otras localidades.

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