El proceso convocado por ProInversión quedó empañado con las denuncias efectuadas por el postor descalificado. (USI)
El proceso convocado por ProInversión quedó empañado con las denuncias efectuadas por el postor descalificado. (USI)

Óscar Libón (olibon@peru21.com)Aún no había terminado la ceremonia del al consorcio integrado por Odebrecht (Brasil) y Enagás (España), cuando el representante del consorcio Gasoducto Peruano del Sur (Sempra, Techint, TGI y GDF Suez), antes del plazo que le otorgaron para subsanar una observación a su oferta (US$7,192 millones).

Este consorcio había presentado a último momento, el jueves pasado, una carta con la modificación de su composición: la firma francesa Suez redujo su participación de 25% a 2% en el grupo.

El presidente del Comité de pro Seguridad Energética de , Edgard Ramírez —responsable de la licitación— sostuvo que la asociación de compañías descalificada había transgredido las bases del concurso público al cambiar su conformación.

Sin embargo, confirmó que sí se les había concedido un plazo para que corrigiesen la modificación en su composición empresarial.

Explicó que posteriormente pidieron la asesoría y opinión legal a dos estudios de abogados: Delmar Ugarte y Echecopar. Y fue así que concluyeron que no había subsanación posible y que el consorcio había sido descalificado cuando presentaron la carta informando del cambio.

EXTRAÑOS VÍNCULOSPero ambos bufetes tuvieron diferentes grados de relación con la firma Odebrecht, según indagaciones de Perú21.

En el caso de Delmar Ugarte, la compañía brasileña figura entre sus principales clientes, de acuerdo con su propio sitio web oficial.

Incluso, dos de los abogados del mencionado estudio trabajaron directamente para esa empresa antes de ingresar al bufete. Mariana Simoes fue directora jurídica de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, y fue su representante en millonarios proyectos gasíferos, de irrigación e hidroeléctricos. Miguel Ronceros fue asesor local de la firma para la construcción de la Carretera Interoceánica.

En estudio Echecopar, uno de sus socios también brindó asesorías a Odebrecht.Pero según Ramírez, de Proinversión, no hay conflicto de intereses en estos casos debido a que se trata de un asunto técnico-legal.

Cabe indicar que Proinversión señaló que el consorcio Gasoducto Peruano del Sur "no iba a estar en condiciones de subsanar las observaciones hechas" y que por eso consultó con bufete de abogados.

Al respecto, Alejandro Segret, del consorcio Gasoducto Peruano, dijo que no sabe cómo llegaron a esa conclusión.

"Han violado nuestro derecho de presentar la subsanación y nuestros derechos constitucionales en un proceso que debió haber sido transparente", reclamó.

PUEDE HABER PROBLEMAAnálisis de Carlos Herrera, exministro.Después de que ha habido un solo postor en la concesión de la Línea 2 del tren eléctrico y ahora con lo del gasoducto por 7 mil millones de dólares, no era una buena figura porque no se permitía la competencia, que es la mejor prueba de que algo está bien hecho.

Aquí el problema es que si a alguien no le correspondía seguir participando debieron decirlo antes. En los hechos ha habido un solo competidor y eso no es bueno. Legalmente puede tener sus consecuencias porque si a una empresa le dicen tienes este plazo, no pueden cambiarle eso una hora antes.

Ahora, la composición de las empresas de un consorcio no es sustancial en la calificación técnica de los postores. Si la segunda composición hubiera sido presentada al inicio no cambiaba su participación. Es un error de la parte de los funcionarios que han manejado este proceso.

Pese a todo, no creo que hubo de intención de favorecer a una de las partes. Pero sí ha sido un incidente que le echa sombras al tema.