El juez Juan Carlos Sánchez informó hoy que este viernes anunciará si dicta 36 meses de prisión preventiva a la exprimera dama Nadine Heredia, investigada por el caso Gasoducto, como lo solicita la fiscal Geovana Mori.
La fiscal Mori dijo en audiencia virtual que “no hay otra medida para satisfacer los fines de la averiguación de la verdad” e insistió en la detención de Heredia y del exministro de Economía, Luis Miguel Castilla.
Recordó que el exministro Jorge Merino se acogió a la colaboración eficaz y señaló que la esposa del exmandatario Ollanta Humala, a través de su abogado, le condicionó a no declarar con la verdad ante su despacho.
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“El peligro de obstaculización se ha materializado, es un peligro concreto (...) buscaba que no se conocieran estos hechos, aunque ya se conocía por otros testigos de su injerencia en este proyecto”, manifestó.
Respecto al extitular de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, requirió la prisión domiciliaria al considerar que por su edad (más de 60) se encuentra en el grupo de riesgo que puede contagiarse de coronavirus.
Antes de culminar con la diligencia, el juez le dio la palabra a Heredia Alarcón, quien intervino brevemente.
“Estoy conforme con todo lo expuesto por mi abogado en la audiencia (...) es de mi mayor interés que los hechos que se investiguen en esta carpeta queden claros”, expresó. El abogado Jefferson Moreno dijo que su defendida sufre de hipertensión y por eso sería un riesgo que la internen en una penal.
A su turno, Castilla dijo que está corroborado su arraigo en el país. Sobre la reunión que sostuvo con una testigo, como informó Perú21, reiteró que no intentó obstaculizar el caso “sino averiguar la verdad sobre lo que pasó hace ocho años”. Su abogado César Nakazaki también advirtió del padecimiento de enfermedades.
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Ante ello, la representante del equipo especial Lava Jato dijo que ambos deberían ser sometidos a un examen médico legista para determinar si están expuestos a sufrir de COVID-19.
Mayorga, en tanto, negó que haya beneficiado a la empresa Odebrecht con la adjudicación de la megaobra. “En ningún momento favorecí a Odebrecht y le aseguro que soy el primer interesado en que surja la verdad en este proceso”, manifestó al magistrado.
A los tres investigados se les imputa los delitos de colusión y asociación ilícita. La fiscal Mori estimó que podrían ser condenados entre 18 y 30 años de cárcel.