En la madrugada de este domingo, la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron un megaoperativo que logró la captura de 11 miembros de la presunta organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, entre los cuales se encuentra Antonio Camayo, gerente general de Iza Motors, implicado en los audios revelados por la prensa.
Pero, ¿por qué no ocurre lo mismo con el cuestionado juez César Hinostroza o con los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)?
El abogado constitucionalista Víctor García Toma explicó que se debe a que están protegidos por los alcances de los artículos 99 y 100 de la Constitución, los cuales dan cuenta que solo corresponde al Congreso acusar al presidente, congresistas, ministros, miembros del Tribunal Constitucional (TC), del CNM, vocales de la Corte Suprema, fiscales supremos, Defensor del Pueblo y al Contralor General.
“La acusación constitucional es un mecanismo por el cual el Congreso investiga en el ejercicio de su función a un alto funcionario público, en este caso un magistrado de la Corte Suprema o miembro del CNM, quienes habrían incurrido en una inconducta de naturaleza penal. Es decir, que ha hecho mal uso del poder que el Estado le ha dado”, detalló a Perú21.
Luego de esto, según dijo García Toma, "el juez a cargo del caso podría pedir una orden de captura para impedir una posible fuga".
“Cuando el Congreso quiere hacer las cosas rápido, lo hace. En el caso del ex contralor Edgar Alarcón se hizo en quince días", manifestó.
“Hinostroza tiene que ser sometido a un antejuicio político en el Legislativo, y en el marco de ese proceso se hace una investigación y luego se presenta la denuncia al Ministerio Público, el cual sin observación alguna la presenta al Poder Judicial y es ahí donde se inicia el proceso judicial”, acotó.