El Gobierno publicó una norma que amplía los alcances de los Decretos Legislativos 1243 y 1295, comprendidos en las facultades delegadas que le otorgó el Congreso. Con ella, se logrará inhabilitar de laborar en el Estado a aquellos funcionarios públicos que promuevan o favorezcan el tráfico ilícito de drogas.
Se indica, además, que los servidores públicos serán privados de sus puestos aún si ejercen un cargo de elección popular, como son los de los alcaldes y gobernadores regionales.
Quienes se vean afectados por esta ley también estarán incapacitados o impedidos de obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. Serán pasibles de esas sanciones quienes posean drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas par su tráfico ilícito.
“Las sanciones de destitución o despido que queden firmes o que hayan agotado la vía administrativa y hayan sido debidamente notificadas, acarrean la inhabilitación automática para el ejercicio de la función pública y para prestar servicios por cinco años”, se lee en un extracto de la norma.
Además de la inhabilitación, los funcionarios que incurran en este delito serán reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de seis ni mayor de doce años y con 120 a 180 días multa.