A pesar de que el jueves el Pleno del Congreso aprobó que los casos de las suspendidas Yesenia Ponce y Maritza García pasen a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales –para que se les levante el fuero y puedan ser procesadas por haber cometido presuntos delitos–, se ha generado una controversia por la manera en que se seguirá el proceso.
Ambas parlamentarias fueron separadas por 120 días del Legislativo en la última sesión plenaria. La fujimorista fue suspendida por pagar S/10 mil al director del colegio donde supuestamente terminó estudios, así como por presentar actas falsas con profesores y compañeros fantasmas, mientras que la no agrupada recibió la sanción por mentir en su hoja de vida.
Para el presidente de la subcomisión, César Segura (FP), el camino que se debe tomar es similar al de otros casos; es decir, un congresista, que no es miembro del grupo, tiene que presentar la denuncia constitucional. “No se puede actuar de oficio”, detalló.
Indicó que el informe aprobado en el Pleno, proveniente de Ética, sirve solo como una prueba cuando se abra el proceso en la subcomisión.
Pero la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, señaló que no hay necesidad de presentar la denuncia. “Fue un acuerdo del Pleno; el presidente del Congreso lo envía a la Fiscalía y el Oficial Mayor a la subcomisión”, explicó.