La Sala de Apelaciones revisó el recurso planteado por el Ministerio Público para la suspensión de actividades de Fuerza Popular. (Foto: GEC)
La Sala de Apelaciones revisó el recurso planteado por el Ministerio Público para la suspensión de actividades de Fuerza Popular. (Foto: GEC)

La Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones dejó al voto el recurso de apelación a la decisión que rechazó el pedido del Ministerio Público de suspender por dos años y medio las actividades políticas del partido , investigado por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht.

En la audiencia virtual realizada este miércoles, el fiscal superior Wilfredo Mendoza solicitó que se declaren infundados los pedidos de la defensa de la agrupación política respecto a la vigilancia judicial impuesta, y que se acoja el pedido del Ministerio Público de suspender por dos años a Fuerza Popular.

Indicó que si bien la medida de vigilancia judicial permite solicitar información financiera, esto no garantiza el riesgo de emplear a la organización política para el ingreso de recursos maculados.

Por su parte, el abogado de , Christian Salas, afirmó que los “efectos lesivos del delito de lavado de activos tienen que ver con afectaciones a los ámbitos financiero, económico, democrático”, pero cuestionó que esto incluya un análisis de cómo el partido pagará sus deudas.

“No podemos, para resolver un planteamiento de las partes en un caso emblemático, alejarnos del derecho procesal, al contrario, hay que basarnos en los principios procesales [...] para poder resolver, no apartarnos de ellos”, dijo.

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Tras escuchar los argumentos de las partes, el presidente de la sala, Iván Quispe Aucca, precisó que la apelación formulada por la Fiscalía entra en debate y la decisión que se tome será notificada a las partes en los domicilios fiscales.


En diciembre de 2020, el Poder Judicial rechazó el pedido del fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, de suspender por dos años y medio las actividades políticas del partido Fuerza Popular.

El juzgado, sin embargo, dictó una medida contra el partido. Según la resolución, por un plazo de dos años, Fuerza Popular deberá enviar al Poder Judicial, cada quince días, información sobre sus deudas, los recursos y el financiamiento de campaña.

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