Las bancadas de Fuerza Popular, Cambio 21, Concertación Parlamentaria, Peruanos por el Kambio y la Célula Parlamentaria Aprista suscribieron un pronunciamiento este miércoles en el cual rechazan el pedido de la fiscalía para disolver el Partido Nacionalista.
"Las organizaciones políticas, representadas en las bancadas firmantes, expresamos nuestra preocupación y rechazo contundente por el pedido fiscal de disolución del Partido Nacionalista", se lee en el comunicado.
Indicaron, asimismo, que el requerimiento de la fiscalía no se ajusta a ley y que, con el mismo, se estaría contraviniendo la ley de Organizaciones Políticas.
"Por mandato expreso del artículo 35° de la Constitución, los partidos políticos tienen un régimen legal autónomo, de modo tal que para su cancelación, disolución u otras formas de extinción se aplican las dispocisiones expresamente establecidas en las leyes especiales como la Ley de Oganizaciones Políticas", señalan.
"Por consiguiente, no le es aplicable un marco legal hecho para las empresas y/u organizaciones criminales contenido en un marco legal distinto. Advertimos que este pedido contraviene lo señalado en la ley de Organizaciones Políticas que establece con claridad que un partido político solo puede ser disuelto si incurre en los delitos de apoyo a la violencia, terrorismo y narcotráfico", detallan.
Este martes, el fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del equipo especial Lava Jato, presentó en el despacho del juez Richard Concepción Carhuancho la acusación contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.
En esta se piden 26 años y medio de prisión para la ex primera dama y 20 años para el ex mandatario al ser sindicados como presuntos cabecillas de una organización criminal dedica al lavado de activos al supuestamente haber recibido aportes ilícitos de campaña de Venezuela y de Odebrecht en las campañas del 2006 y el 2011.
En dicho pedido, Juárez también requirió la disolución de su agrupación política, el Partido Nacionalista Peruano (PNP) que es sindicado por el Ministerio Público como una organización criminal que habría recibido dinero ilegal para financiar las campañas presidenciales del 2006 y 2011.