Seis partidos políticos suscribieron un documento de políticas públicas contra la delincuencia. La composición de la mesa, sin embargo, anunciaba algo más. No tanto por la presencia de algunas figuras partidarias, sino por las notables ausencias. Allí estaban sentados Jaime de Althaus, Fiorella Molinelli (Fuerza Moderna), Arturo Alegría (Fuerza Popular), Carlos Neuhaus (PPC), Belén García (APRA), Gastón Barúa (Unidad y Paz) y Juan Villarán (PPC). También estuvo Roberto de la Tore, representando a la Cámara de Comercio de Lima, sede del cónclave el pasado miércoles 26 de marzo.
Una lectura memoriosa lo explicaba todo. Juan Villarán es muy cercano a Javier Bedoya Denegri, secretario general del PPC. Gastón Barúa es la mano derecha de Roberto Chiabra, líder de la agrupación Unidad y Paz. Arturo Alegría, vocero del fujimorismo, fue asesor de Luis Galarreta, actual secretario general de Fuerza Popular. Y Belén García, secretaria general nacional del APRA, es la contraparte de Mauricio Mulder, presidente de la comisión política del APRA. Y allí sentado, en primera fila, la presencia de Jorge del Castillo y algunos compañeros completaban el panorama.
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TEXTO Y PRETEXTO
El documento suscrito se tituló “Política de seguridad y lucha contra la criminalidad”. Y presenta varias ideas interesantes para dinamizar la lucha contra la delincuencia. Entre las estrategias sugeridas está la creación de un Comando Unificado de Seguridad, que estaría dirigido por la presidenta de la República, el primer ministro y las fuerzas de seguridad. También la revisión de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, para hacerla más ejecutiva y eficaz. Además, proponen “el corte de la cadena de valor del crimen organizado mediante el control de la producción, comercialización y exportación de oro ilegal y cocaína”. Esto se haría mediante la interdicción fluvial y aérea, con apoyo de los Estados Unidos. Para combatir la extorsión y el ‘gota a gota’, se reclaman refuerzos de inteligencia policial, la implementación de tecnología avanzada y la creación de una Policía Comunitaria con exmiembros de las FF.AA. y PNP retirados.
También se plantea la reforma de la PNP y del Poder Judicial con medidas como la eliminación del 24×24, la creación de más unidades de flagrancia, el establecimiento de una jurisdicción nacional para el crimen organizado y la simplificación del Código Procesal Penal. La reforma del sistema penitenciario, a su vez, incluiría la implementación de penales productivos con apoyo de la inversión privada, la separación de reos según peligrosidad y nacionalidad, y la construcción de un megapenal de 20,000 internos. Siempre con una mano del sector privado.
Pero este texto tiene una dimensión de pretexto. No solo es una propuesta técnica, sino sobre todo una propuesta política. “Este puede ser un primer paso para las cosas siguientes”, sugiere Carlos Neuhaus. “Ponernos de acuerdo qué vamos a hacer con la política económica y el rol del Estado, egos aparte”, precisa.
FRENTE AMPLIO
Queda claro que esta comunión de ideas es el paso previo al frente en construcción. Una idea que germinó en el Phoenix Club de San Isidro, allá por junio de 2024, que fue creciendo tras un foro de ESAN y que ha desembocado en este incipiente frente. En el camino algunos se fueron bajando del carro. Notoriamente, Renovación Popular, que solía participar de estas reuniones a través de Fabiola Morales, José Tisoc y José Luis Gil. También algunas figuras de Avanza País, como José Williams. Quizás, por eso, el partido del tren suscribe el documento, pero no se sienta a la mesa. Se extraña el rol de Ahora Nación, partido que participó en el foro de ESAN a través de Rubén Vargas, en reemplazo de Carlo Magno Salcedo, el secretario nacional de doctrina y formación política. Tras tomar distancia, Ahora Nación ha firmado su alianza con Nuevo Perú, de Verónika Mendoza. Fuerza Popular, finalmente, no suscribió el documento, pero lo respaldó.
“¿Quién no va a estar de acuerdo?”, se pregunta Neuhaus al indagar por la posición interna del PPC. El primer obstáculo de este frente, sin embargo, será el fuero interno. Porque en más de un partido larvan las resistencias. El segundo obstáculo será la historia.
ESPAÑA Y CHILE
Tras el traumático final del amplísimo Frente Democrático Nacional, las alianzas no han tenido suerte en las urnas. Ni con el Fredemo, el Frente Amplio o Juntos por el Perú. Tampoco con la Alianza Popular, la pretendida ‘concertación’ del APRA y el PPC. Huelga anotar las diferencias entre la Concertación de Chile y el contexto peruano. Tanto el ejemplo chileno como la transición española fueron concebidos en las postrimerías de una dictadura feroz.
En el Perú, la historia fue algo distinta. España y Chile tuvieron izquierdas maduras, democráticas y modernas. Fujimori no fue tan violento como Pinochet. Y Sendero fue mil veces más feroz que sus pares chilenos. Hacia finales del fujimorato, la oposición estaba dividida. Toledo solo pudo llegar al poder tras la caída de Castañeda y Andrade como posibles candidatos. La ansiada reconciliación fue petardeada desde dentro. Y mientras Felipe González rompió con el marxismo en el 79, Alan García lo hizo recién en 2006. Y la izquierda aún no lo ha hecho.
La narrativa zurda imperante tiende a la mitosis. Y no suele premiar los actos de madurez política. Un claro ejemplo lo vivió el APRA, que perdió votos con la Convivencia, la Superconvivencia APRA-UNO y el Discurso del Veto. Lejos de premiar con el voto la superación de diferencias, la reconciliación entre peruanos, el fin de una dictadura sangrienta y el pasar la página políticamente hablando, la narrativa imperante fue que el APRA había claudicado al entreguismo y la traición. Irónicamente, ese discurso preparó el camino para la dictadura de Juan Velasco y las atrocidades del gobierno militar.
Queda por ver si hemos madurado lo suficiente y hemos aprendido esa lección histórica.
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