Los cuestionamientos de la población y la presión mediática lograron que, tras una reconsideración de la primera votación, el Pleno del Congreso aprobara la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de cargos públicos en contra del legislador Freddy Díaz, quien es investigado por la Fiscalía por el presunto de delito de violación sexual en agravio de una trabajadora de su despacho parlamentario.
El pedido de reconsideración de la votación del último martes, en la que 21 abstenciones salvaron al congresista, fue aprobado ayer con 105 votos a favor. Tras un debate en el que Díaz utilizó a su madre para tratar de evadir la inhabilitación, esta finalmente se aprobó con 71 votos a favor, 4 abstenciones y un voto en contra, emitido por el mismo denunciado.
“He venido trabajando de manera intachable. Les pido de corazón, tengo una madre que está pendiente y sufriendo por este tema. Hablo con el corazón en la mano y la verdad también. Esperamos que podamos mantenernos en esa posición. Los elementos que existen son suficientes para probar mi inocencia”, alegó el congresista durante el debate.
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Sus súplicas no fueron suficientes para convencer a sus colegas. Solo Darwin Espinoza (Acción Popular), Cruz María Zeta, Raúl Huamán (Fuerza Popular) y Heidy Juárez (no agrupada, y expulsada de APP, al igual que Díaz) insistieron en el blindaje al abstenerse.
Al ser desaforado, en su curul deberá ingresar un reemplazo. En este caso sería su accesitaria, Nelcy Heidinger Ballesteros, candidata al Congreso en 2021 por APP para la región Pasco.
El caso de Díaz se hizo público luego de que, el 27 de julio de 2021, una trabajadora de su despacho lo denunciara por haber abusado sexualmente de ella cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol. Según narró ante la Fiscalía, los hechos sucedieron en la sede del Legislativo ubicada en jirón Azángaro, en Cercado de Lima.
El debate en el Pleno de ayer se basó, precisamente, en que la infracción cometida por Díaz de tipo constitucional fue libar dentro del Legislativo, sin considerar la carga moral por la supuesta violación.
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (APP), tuvo que leer un extracto textual del sensible testimonio de la víctima para hacer recapacitar al hemiciclo.
En diálogo con Perú21.TV, el penalista Andy Carrión recordó que el pedido de prisión de nueve meses solicitado por la Fiscalía en contra de Díaz “refuerza la sospecha”. “En la audiencia se tiene que evaluar la existencia de graves elementos de convicción que vinculen al investigado con el hecho; en segundo lugar, que la pena sea grave; y en tercer lugar, si concurre un peligro de fuga o de obstaculización”, explicó.