Redacción PERÚ21

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La crisis del sistema de justicia que estalló con los audios del escándalo que protagonizan jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) llevó a que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial (PJ) creen comisiones para hacer reformas. El ex canciller opina que los tres poderes del Estado deben involucrarse en la solución.

¿Cuál es la solución a la crisis que ronda al CNM?
Los partidarios del CNM dicen que se debe mejorar la calidad de sus miembros, pero no existe un organismo que te permita decir que esta persona es de calidad o no, puesto que los consejeros son delegados de gremios profesionales. La solución es que los jueces sean nombrados por el Poder Ejecutivo.

¿Ello no le daría demasiado poder al presidente?
Bueno, así fue tradicionalmente desde la independencia, en 1821, hasta la actual Constitución.

¿Ese sistema funcionó mejor que el actual?
Por lo menos no se veían estas cosas, o no en esta magnitud. También hay que tener en cuenta que los valores cívicos del Perú han decaído notablemente en las últimas dos décadas.

¿Al darle esa facultad al presidente, cuál sería la función del CNM?
En el Congreso Constituyente Democrático (1992-1995), yo voté en contra de la creación del CNM porque percibí que era un órgano que, al no tener ninguna supervigilancia de otro poder, iba a convertirse en un mecanismo de cooptación cerrado, y que, por lo tanto, era enormemente peligroso porque iba a crear un feudo entre uno de los poderes del Estado, y así ha sido. Yo creo que hay que suprimir el CNM.

El presidente creó una comisión para plantear la reforma del sistema de justicia. El PJ anunció que haría lo mismo por su lado. ¿Qué opina de ello?
Me parece muy bien que ambos formen comisiones, y creo que el Congreso tiene que hacer lo mismo. Es tan grave e importante este asunto que se requiere la intervención de los tres poderes del Estado.

Diego García Sayán propuso que el sistema interamericano podría velar por la transparencia de los nombramientos del CNM.
Esa propuesta es grotesca. Es entregar el futuro del sistema jurídico peruano a funcionarios no electos, afines al señor Diego García Sayán, y el Perú entero sabe cómo piensa él. Sería un acto de entrega demencial, esa es la palabra que corresponde. Sería convertir al Perú en un protectorado de los burócratas neomarxistas del sistema interamericano. Sería abdicar a la independencia y la soberanía.