Octava audiencia de prisión preventiva contra Keiko Fujimori realizada esta tarde. Continuará el próximo martes. (GEC)
Octava audiencia de prisión preventiva contra Keiko Fujimori realizada esta tarde. Continuará el próximo martes. (GEC)

En la octava audiencia del pedido de 36 meses de prisión preventiva contra , la Fiscalía sustentó el peligro de fuga que la lideresa de Fuerza Popular representaría estando en libertad.

El fiscal José Domingo Pérez indicó que Fujimori no tiene arraigo laboral ya que, como ella misma reconoció, su único trabajo es ser la presidenta de su partido político y el 19 de diciembre de 2019 anunció que haría una pausa a esa actividad política.

Pérez sustentó, además, que la excongresista, investigada por lavado de activos de los presuntos aportes ilícitos por US$1 millón que entregó Odebrecht a su campaña electoral de 2011, tiene capacidad económica suficiente para fugar del país.

Para ello, presentó las boletas de pago que Fuerza Popular emitió en 2018 para Fujimori, mientras aún estaba en prisión, por ejercer el cargo de presidenta del partido.

Desde enero hasta mayo, Fujimori recibió S/12,500 mensual y desde junio hasta noviembre, cuando el Congreso estaba disuelto el pago aumentó a S/15,600 cada mes.

Incluso, tras anunciar el cese temporal de su cargo, el partido le otorgó una suspensión “con goce de haber”.

Asimismo, el fiscal Pérez recordó que Fujimori tuvo un “pacto de reserva” con empresarios que entregaban aportes millonarios para su partido de manera clandestina y deslizó la idea de que ese dinero sería la fuente de los pagos.

"Hubo un pacto de reserva con los empresarios que le daban millones de dólares en efectivo. En el proceso administrativo ante la ONPE, Fujimori dispuso que se declare a falsos aportantes. Eso es fraude, son aportes falsos o, en palabras de su abogada, simulación. Dijo que el dinero salía de rifas y cócteles, pero no reveló los millones que había recibido en efectivo”, afirmó Pérez. “Fujimori estuvo supeditada al poder económico”, agregó.

En otro momento, Pérez citó una declaración de Kenji Fujimori, hermano de Keiko, quien contó a la Fiscalía que los congresistas de FP entregaban 10% de sus ingresos para el partido. “¿Cómo se financia ahora Fuerza Popular si el Congreso está disuelto?”, se preguntó.