Formalización ayudaría a resolver los delitos conexos a la minería [VIDEO]

Los ilícitos que se generan en torno a la minería informal podrían atenuarse si la actividad se somete al control de la ley. Esta es la premisa que Lenin Valencia, titular de la Dirección General de Formalización Minera (dependiente del Ministerio de Energía y Minas), plantea en la entrevista para Perú21 sobre el trabajo que realiza en torno la actividad exctractiva.

¿La formalización de mineros en La Rinconada ayudaría a acabar con toda la red de delitos que existen alrededor de esa actividad?
La Rinconada es una zona emblemática a nivel nacional en términos de pequeña minería por la cantidad de gente que se dedica a esa actividad. Esto puede atraer algunos delitos conexos y problemas sociales, como trata de personas. Este tipo de actividades se dan en zonas alejadas donde la única unidad de intercambio termina siendo el oro. Los propios mineros en vías de formalización, muchas veces, son víctimas de esta situación. Pero, la formalización puede contribuir a resolver este problema porque le permitiría al minero bancarizarse, vender su mineral en tiendas sin ponerse en riesgo. El proceso de formalización sí podría ayudar a resolver el tema de la delincuencia social. 

No todos los mineros quieren formalizarse. ¿Cuál es la situación en el caso de Puno?
Nosotros manejamos un Registro Integral de Formalización Minera, este es un documento que a nivel nacional tiene 54,000 inscritos aproximadamente y en La Rinconada tenemos 1,411 inscritos, estos vienen desde el proceso de formalización del 2012. Generalmente, la data sobre minería ilegal es un poco más difícil de obtener porque justamente quienes actúan en el marco de las economías subterráneas no se registran en ningún lado porque no quieren dejar huella de su actividad. 

¿Por qué?
Porque es su naturaleza, o sea, quienes están en la ilegalidad no van a querer que los conozcan. Para empezar no hay registro de ilegalidad, pueden haber solo estimados. Entonces, en el marco de las acciones que desarrolla el Estado, quienes tienen la misión y el deber de abordar el tema de la minería ilegal es principalmente el Ministerio del Interior a través de la Diresma, que ve delitos ambientales, y el Ministerio Público. Nosotros, sobre todo este año, hemos empezado coordinar con las nuevas autoridades, porque también hay bastante interés de la autoridad regional, en este caso, de la Dirección Regional de Energía y Minas de poder ordenar lo que pasa en La Rinconada porque deben aportar al fisco para que las condiciones de vida de la gente mejoren. 

¿Ha conversado con el gobernador Walter Aduviri sobre la formalización?
No he tenido la oportunidad, pero sí he conversado con el director de Energía y Minas de Puno, que es la autoridad regional en términos de pequeña minería. Hemos tenido un par de reuniones de coordinación para determinar cuánto se les va a transferir este año para que el Gobierno Regional, a través de su dirección, pueda formalizar. También hemos visto cuáles son las líneas de trabajo para impulsar el proceso en La Rinconada.
El gobernador considera la minería de La Rinconada como ‘minería del pueblo’.

¿Qué expectativas tiene sobre el trabajo con Aduviri?
Nosotros no hacemos distinción de con quién trabajamos al frente. Tenemos un mandato que es el de fortalecer el proceso de formalización. La mayor cantidad de minería informal está en el sur del país, principalmente está concentrada en Arequipa, Puno, Madre de Dios y parte de Cusco y Apurímac. Ahí está concentrado, por lo menos el 65% de la pequeña minería en el país, entonces, no vamos a poder avanzar en el proceso de inserción económica de estos actores si no coordinamos con los gobiernos regionales. De lo que he conversado con el director de Energía y Minas de Puno, él nos ha manifestado la total disposición que tiene su gobernador para ir en esa línea de inserción. Yo tengo las mejores expectativas y espero que en el 2019 podamos lograr cosas importantes en Puno. 

Le pregunto porque ha habido gobernadores muy vinculados a la minería ilegal que no han impulsado la formalización, como el caso de Madre de Dios, donde solo se formalizó a uno o dos mineros.
Fueron dos. Pero no tengo ninguna apreciación en particular (sobre Aduviri) porque sería adelantar juicio. 

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¿Cuál es la diferencia entre mineros informales e ilegales?
Los mineros en vías de formalización son aquellos que están en el registro del Estado para que se formalicen. Es decir, el Estado les da la oportunidad de poder formalizarse, se acogen a ese proceso y de manera excepcional ellos tienen un periodo para poder formalizarse. Aquel que está fuera de ese registro y está haciendo minería es considerado un minero ilegal. La distinción es más clara en las áreas protegidas, quienes tengan actividades mineras ahí son abiertamente ilegales.

¿Y cuáles son las principales trabas para formalizarse?
Ahora las trabas son mucho menores. Ha habido un cambio cualitativo importante porque ya el proceso de formalización ha ido incrementando el número de mineros. Hasta el 2016, en cinco años, se habían formalizado 112 mineros, ahora, con un año y medio de gestión, se han formalizado a nivel nacional aproximadamente casi 7,000 mineros. Eso sí evidencia que hay un cambio cualitativo. 

¿Qué ha cambiado? ¿La ley?
Se ha hecho mucho más flexible el proceso, pues, la idea es no ponerle barreras muy altas a los mineros, sino más bien invitarlos a la formalidad y darles la asistencia técnica para que sigan mejorando sus estándares ambientales, de seguridad, etc. Las autoridades regionales son importantes porque quienes lideran el proceso de formalización son ellos. El Ministerio de Energía y Minas no formaliza, nosotros somos un ente que da lineamientos, asistencia técnica. 

¿Cuál es su meta de formalización?
Este año queremos formalizar a 10,000 mineros a nivel nacional. Es una meta que queremos poner en articulación con los Gobiernos Regionales porque finalmente son ellos los que evalúan los expedientes del pequeño minero que está en proceso de formalización. Ellos son los que finalmente le dan la autorización al minero. 

¿Cuál es el perjuicio que la minería ilegal ocasiona al ambiente, economía y salud?
En términos económicos hay un dato interesante: aproximadamente, desde el 2007, el Perú pierde por minería ilegal, promedio, unas 35 toneladas anuales de oro. Si se hace una comparación entre el oro producido por el Perú y el oro exportado, se ve que exportamos más de lo que producimos. Eso revela que hay parte de la economía que está actuando en el marco de las economías subterráneas. Este año queremos empezar a cerrar esas brechas. Para eso queremos fortalecer el registro de comercializadores, porque ahí, en la cadena de valor de oro, hay actores importantes, como las plantas de procesamiento, que nos tienen que ayudar a tener un mejor control del mercado nacional, porque las plantas de procesamiento son las que terminan comprando en gran parte el mineral que es extraído por la pequeña minería.

Entonces, ¿las plantas de procesamiento son los principales focos de lavado de oro?
Si nosotros queremos formalizar, tenemos que sentarnos con todos los actores y ver cómo cada uno puede contribuir a sincerar la información. Entonces, en general en el Perú tenemos un gran reto porque estamos tratando de mejorar la trazabilidad del mineral, es decir, que se pueda conocer el origen del mineral. Eso se va a lograr fortaleciendo el origen de productores y el de comercializadores. 

¿Con las leyes actuales no se puede estar seguro si el oro tiene procedencia legal o ilegal?
Tenemos algunos instrumentos normativos, pero por eso decía que lo que estamos haciendo es diseñar unos adicionales para fortalecer lo que ya existe. 

¿Qué se puede hacer para acabar con los mineros ilegales?
Más que acabar con ellos debemos pensar como país sobre cómo generar mejores oportunidades económicas para todos.