Decenas de trabajadores organizaron esta tarde un plantón en los exteriores del Ministerio Público, exigiendo la renovación de sus contratos. La mayoría de los afectados son asistentes de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos—dependencia que fue creada a partir de la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para investigar las muertes ocasionadas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte a fines del años pasado e inicios de este.
En entrevista con Perú21, Luis Alva, asistente de la Fiscalía de DD.HH., señaló que hay 725 trabajadores afectados a nivel nacional, cuyos contratos no serían renovados por falta de presupuesto. Agregó, además, que los funcionarios de la convocatoria CAS 162-2023, contratados durante la gestión de Patricia Benavides, serían los más perjudicados. Las otras convocatorias afectadas serían la 239-2023, 235-2023, y posiblemente la 201-2023.
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R. A., asistente de la Fiscalía de Crimen Organizado, sostuvo que Benavides habilitó la contratación de estas plazas para justificar el presupuesto que se requeriría el próximo año. Sin embargo, aseguró que los trabajadores CAS se encuentran a la deriva pues hasta la fecha no se les ha comunicado formalmente la renovación de sus contratos.
“Resulta necesario contar con el apoyo efectivo de personal administrativo y especializado en el área de peritaje (...) para llevar a cabo una investigación integral del delito y sus componentes con una alta calidad procesal, técnica y operativa que haga posible un procesamiento y enjuiciamiento de sus presuntos autores, con altas posibilidades de sentencias condenatorias”, señala un informe elaborado por Jorge Chávez Cotrina, fiscal superior de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, que investigan delitos como el tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
