La Segunda Sala de Apelaciones Nacional es presidida por Octavio Sahuanay e integrada por Iván Quispe y María León. (Foto: Poder Judicial)
La Segunda Sala de Apelaciones Nacional es presidida por Octavio Sahuanay e integrada por Iván Quispe y María León. (Foto: Poder Judicial)

Redacción PERÚ21

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El fiscal coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, , presentó un pedido para recusar a los jueces superiores Octavio César Sahuanay Calsín, María Jéssica León Yarango e Iván Alberto Quispe Aucca, integrantes de la Segunda Sala de Apelaciones Nacional.

Recordemos que el pasado 17 de octubre, los magistrados dictaron la libertad de la lideresa de Fuerza Popular, , y revocaron el mandato de detención preliminar de 10 días que dispuso el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.

Cabe destacar que esta instancia judicial que preside Sahuanay iba a decidir en segunda instancia la recusación interpuesta por la abogada de Fujimori Higuchi contra Concepción Carhuancho. El objetivo era que el magistrado sea apartado del proceso contra Keiko Fujimori y que no pueda evaluar los próximos requerimientos de la Fiscalía como la audiciencia de prisión preventiva contra la ex candidata presidencial y otros investigados por el supuesto lavado de activos.

Fuentes fiscales dieron a conocer a Perú21 los argumentos para recusar a la sala que encabeza Sahuanay Calsín. La primera esta relacionada con que la resolución que invalidó la detención preliminar contra Fujimori se dio de una manera sorpresiva, sin debate en audiencia, y sin oportunidad de que el Ministerio Público defienda su postura contra ese veredicto.

"Hay normas legales que obligan a los jueces a introducir al debate antes de resolver... Lo que podría ser un asunto de deliberación en debate, termina siendo una defraudación del sistema de audiencias y la oralidad", señaló la fuente. 

La segunda está relacionada con la resolución que anuló la detención preliminar por 10 días de Vicente Silva Checa, asesor de Keiko Fujimori. Este caso se resolvió ignorando que cuando se formaliza una investigación, concluye la diligencia y se prolonga la detención preliminar hasta por 48 horas que la ley establece para convocar audiencia de prisión preventiva. 

Menos aún se consideró la norma sobre nulidades, que determina que no se retrae una diligencia preliminar que finalizó y formalizó investigación preparatoria por disposición del fiscal José Domingo Pérez. 

"Se establece el absurdo jurídico al reenviarse a un juez para que emita una nueva resolución cuando no existe etapa de diligencia preliminar. Se desconoció lo que se informó. ¿Cómo renovar un acto procesal cuya etapa pre concluyó? No existe. Esto se hizo conocer a los jueces y se desconoció flagrantemente", agregó la fuente.

Y en tercer lugar, la fuente fiscal indicó que la jueza María León Yarango debió inhibirse del caso. Ocurre que la magistrada integró la Corte Superior de Justicia del Callao cuando el destituido juez César Hinostroza Pariachi fue presidente del organismo y precisamente un audio de este último en donde se menciona a la “señora K” es parte del caso. En esa línea, la fuente precisó que "esto debió haber obligado a la magistrada de que se inhiba por decoro".

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