El fiscal anticorrupción Carlos Puma, miembro del equipo especial, solicitó el impedimento de salida del país para el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio por un plazo de ocho meses, en el marco de la investigación del caso OAS.
El pedido fue ingresado ayer por la tarde al Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, a cargo de la jueza María Álvarez Camacho, y también alcanza a otros cinco implicados en la pesquisa por lavado de activos, negociación incompatible y colusión.
De momento, Castañeda solo es investigado por colusión por el aporte de la constructora OAS a su campaña electoral, las modificaciones a favor de la firma brasileña en el proyecto Línea Amarilla y el aumento de la tarifa del peaje de S/4.5 a S/5 en 2016.
El pasado 26 de abril, Leo Pinheiro, expresidente de OAS, declaró a los fiscales Puma y Germán Juárez que aportó US$100 mil a la campaña de Castañeda en 2014.
Desde la cárcel en Curitiba (Brasil), el empresario señaló que para concretar el aporte se reunió con el exburgamestre en su casa de La Molina en setiembre de ese año. Castañeda le dijo a Pinheiro que el dinero debería se entregado a Martín Bustamante, su hombre de confianza y actual teniente alcalde de Miraflores.
En esa época, el excongresista José Luna Victoria se desempeñaba como jefe de campaña de Castañeda. Por ello, el pedido de Puma incluye a Bustamante y a Luna Gálvez, actual presidente y fundador del partido Podemos Perú.
Adendas bajo la lupa
De acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía, en retribución al aporte, la gestión de Castañeda suscribió adendas al contrato de concesión de la Línea Amarilla, firmado en 2009, que beneficiaron a la constructora.
En estas operaciones, que para el fiscal Puma tienen indicios de irregularidad, jugaron un papel clave los exfuncionarios de la Municipalidad de Lima Giselle Zegarra, Bruno Lucchetti y Jaime Villafuerte, quienes ocuparon el cargo de gerente de Promoción de la Inversión Privada en 2009, 2015 y 2016, respectivamente.
Por ese motivo, también están incluidos en la solicitud de impedimento de salida del país.
La adenda 2 de la Línea Amarilla la firmó Luccheti el 2 de octubre de 2015 y modificó el uso de un fideicomiso de US$74.5 millones que la exalcaldesa de Lima Susana Villarán planeaba destinar para el proyecto Río Verde.
En su lugar, la gestión de Castañeda ejecutó el by-pass de 28 de Julio y pagó casi US$3 millones a OAS para que realice el estudio de ingeniería respectivo.
Esta obra ha sido observada por la Contraloría por presentar un sobrecosto y tener grietas en el concreto.
Esta adenda también incluyó la construcción de un carril de 9 kilómetros en la Vía de Evitamiento y otras obras como las intersecciones en las avenidas Morales Duárez, Universitaria y el puente Bella Unión. Todo a cargo de OAS.
La adenda 3 la firmó Villafuerte el 15 de abril de 2016 e incluyó modificaciones técnicas para “ordenar” los cambios establecidos en la adenda anterior.
Según declaración de colaboradores eficaces, Zegarra fungió como bisagra entre Castañeda y OAS como parte de estos acuerdos contractuales. En noviembre de 2014, a través de conversaciones de WhatsApp, la exfuncionaria le indicó a Leonardo Fracassi, exdirector de obras de OAS, que no firmara el proyecto Río Verde con Villarán.