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La controversia entre el Congreso de la República y la Fiscalía de la Nación por la falta de colaboración del magistrado Hamilton Castro con la comisión Lava Jato, que investiga a la constructora Odebrecht, se trasladó en esta ocasión al Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE).
Ello luego de que la jefa de dicha institución, Julia Príncipe Trujillo, le requiriera al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, información sobre el acuerdo firmado entre el fiscal Castro y la firma brasileña, que hasta ahora sigue en calidad de reservado.
Según una fuente de este diario, la presidenta del CDJE, Julia Príncipe, le remitió un oficio al fiscal de la Nación, el 3 de febrero, para que el Ministerio Público "aclare" o "realice las precisiones necesarias" respecto del marco normativo en el cual se ha basado el acuerdo preliminar con Odebrecht.
Pese a que ya ha transcurrido casi un mes de dicho requerimiento, hasta la fecha Sánchez no ha respondido.
Como se recuerda, en enero último, Pablo Sánchez y Hamilton Castro informaron en una conferencia de prensa que venían negociando con la firma brasileña la suscripción de un acuerdo preliminar –que supone la terminación anticipada para las personas jurídicas– y el compromiso de la constructora para depositar 30 millones de soles por concepto de adelanto de la devolución de las ganancias ilícitas.
Luego, el Ministerio Público, a través de un comunicado, informó días después que la empresa se sometía a un acuerdo de colaboración eficaz.
Según nuestra fuente, por la investidura que ostenta el fiscal de la Nación, fue la jefa del CDJE, en representación de la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato, quien le hizo el requerimiento.
Esta negativa de colaboración de parte de la Fiscalía con otras instituciones que forman parte de las investigaciones no es un hecho aislado.La comisión Lava Jato convocó en varias oportunidades a Castro para conocer detalles del acuerdo con Odebrecht, pero no fue. Incluso se llegó a un punto de alta tensión cuando la Junta de Fiscales Supremos emitió un pronunciamiento de apoyo a Sánchez, justificando la ausencia de Castro a ese grupo de trabajo.
"Se acuerda: No autorizar al señor Hamilton Castro (…) para asistir a las sesiones de la Comisión Especial Multipartidaria del Congreso (…) debido a que se trata de una investigación en trámite que tiene carácter de reservada", se lee en el documento de los fiscales supremos.
Para limar las asperezas, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se reunió en dos ocasiones con la presidenta del Congreso, Luz Salgado.
En el primer encuentro, realizado en la sede parlamentaria el 6 de febrero, Sánchez justificó la inasistencia del fiscal Hamilton Castro a la citación realizada por la comisión Lava Jato al alegar que era información reservada. En el encuentro del 21 de febrero último, Sánchez cambió de postura y anunció que van a colaborar con las investigaciones que realiza el Parlamento y responderán por escrito a la comisión Lava Jato los temas que no son reservados.
"Estamos en una línea de coordinación para hacer un mejor trabajo. La información que no sea reservada se le entregará a la comisión".
Sin embargo, los parlamentarios que integran la comisión Lava Jato manifestaron su malestar porque al encuentro no fue invitado el congresista y presidente de dicha comisión investigadora, Víctor Albrecht.
La procuradora ad hoc, Katherine Ampuero Meza, reconoció, en una entrevista publicada en este diario, que tuvo la misma dificultad para acceder al acuerdo de la Fiscalía con Odebrecht.
"Nosotros no tenemos ninguna participación ni sabemos en qué marco legal se está negociando (Fiscalía y Odebrecht)", sostuvo.
Por otro lado, este diario tuvo acceso a una carta de Mauricio Cruz Lopes, el nuevo representante de Odebrecht en el Perú, ingresada hace unos días en la mesa de partes del Ministerio de Justicia.En el documento, de fecha 13 de febrero último, dirigido a la presidenta del CDJE, Príncipe Trujillo, le pide "una reunión con la finalidad de tratar acerca de la reparación civil que le corresponde al Estado".
Príncipe le respondió que, de acuerdo con sus atribuciones y el marco jurídico que regula el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, ella evalúa, supervisa y controla el eficiente ejercicio de la defensa del Estado que se encuentra a cargo de los procuradores públicos, pero no tiene la facultad de un procurador para evaluar el tema de la reparación.
"Considerando que su documento se refiere a la reparación civil, debo indicar que la suscrita no tiene calidad de sujeto procesal en representación del Estado, por lo que he dispuesto que su comunicación se remita a la titular de la Procuraduría pública ad hoc".
Príncipe reconoció a Perú21 que recibió el pedido de Cruz y reiteró que no podía evaluar el tema de reparación.
También se conoció que la firma brasileña informó que Mauricio Cruz Lopes asumió la representación de Odebrecht Latinvest Perú en remplazo de Jorge Simoes Barata, pero lo que no quedó claro es si asumía la responsabilidad de las ocho empresas que conforman el grupo Odebrecht.No obstante, se conoció que el abogado peruano Luis Bramont-Arias Torres y el letrado brasileño Ricardo Machado Weyll, apoderado de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú y Compañía Energética del Centro SAC, son los negociadores del grupo Odebrecht. Ahora ambos letrados buscan cerrar la reparación civil que deberán pagar como indemnización al daño contra el Estado peruano.
Según nuestra fuente, la firma brasileña busca culminar lo más pronto posible las negociaciones en el Perú y, de esta forma, evitar que continúen las indagaciones de otros proyectos que estuvieron a cargo de la firma brasileña, estrategia que vendría desde la matriz de Brasil (ver recuadro).
