Andy Carrión, abogado penalista, analizó la incautación de casi 300 inmuebles de Joaquín Ramírez y su familia, solicitada por la Fiscalía y aprobada por el Poder Judicial.
¿Es proporcional la medida judicial para incautar los bienes de la familia Ramírez?
Por todo lo que estamos apreciando, es una medida proporcional. Con la magnitud de eventos que se vienen investigando, no solo estamos hablando de una cuantiosa cantidad, mil millones de dólares, sino de más de 290 muebles e inmuebles que habrían acumulado en estos años, no solo la familia de Ramírez, sino los otros vinculados, entre ellos, la Universidad Alas Peruanas, a pesar de que en la propia investigación la universidad figura como agraviada.
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¿Por qué se configura en este caso el delito de lavado de activos?
La hipótesis incriminatoria que maneja la Fiscalía para imputar el delito de lavado de activos se refiere a que la empresa Alas Peruanas habría sido desfalcada por parte de la familia Ramírez, comenzando por Fidel Ramírez, que es uno de los fundadores; ese desfalco y esa defraudación habrían ocasionado que se produzcan dineros ilícitos con base en otras empresas fachadas y que fácilmente habrían influido también a un determinado partido político, cuya lideresa es Keiko Fujimori.
Si el delito es lavado de activos, ¿por qué no existe una prisión preventiva contra Joaquín Ramírez?
Esta es una investigación de 2019. No se entiende por qué hasta el día de hoy no se ha producido una medida cautelar, pero ya no vinculada a los bienes inmuebles, sino, más bien, en contra de las personas naturales. Para la Fiscalía, es necesario recabar información para que ello fundamente una adecuada medida cautelar. No debería causar sorpresa si en los próximos días la Fiscalía pide prisiones preventivas.
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