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Dictan 18 meses de prisión preventiva para 4 directivos de socias de Odebrecht [VIDEO]

A Gonzalo Ferraro Rey (de Graña y Montero) se le dictó arresto domiciliario por grave estado de salud. Todos los abogados de los directivos presentaron su inmediata apelación, Sin embargo, la orden de captura nacional e internacional ya dio inicio.

Alvaro Reyes

Actualización 3:50 a.m.

Tras una maratónica audiencia por el caso Odebrecht , el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva para los empresarios José Graña, Hernando Graña, Fernando Camet (de JJC) y Fernando Castillo (de ICCGSA); mientras que a Gonzalo Ferraro (de Graña y Montero) se le impuso arresto domiciliario por su estado de salud. 

Medida preventiva se realizó en el marco de la investigación por el pago de coimas en el Proyecto Vial Interoceánica Sur, tramos 2 y 3. Directivos fueron acusados de pagarle US$15 millones al ex presidente Alejandro Toledo que se encuentra actualmente en Estados Unidos. 

El juez Concepción Carhuancho indicó que la vinculación de los directivos con la empresa Odebrecht podría generar obstaculización. Además que sus cargos empresariales los coloca en una situación privilegiada para salir del país por su poder económico y se corre el peligro de fuga.

El titular del primer juzgado de investigación preparatoria nacional argumentó que empresarios Camet Piccone, Castillo Dibós, Ferraro Rey y Graña Acuña tenían conocimiento del origen ilegal de sus ganancias en la Interoceánica. 

El magistrado también concluyó que el acuerdo colusorio comenzó con ex directivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, y el ex mandatario Alejandro Toledo, luego se integraron los directivos de los consorcios Graña y Montero, JJC e ICCGSA cuando toman conocimiento del pago de la coima.

Según auditores, explica Concepción Carhuancho, el concepto “riesgos adicionales” que manejaron las consorciadas no existe conforme a las normas generalmente aceptadas en la contabilidad, por lo que el término se usó como "ropaje jurídico" para pago ilícito en perjuicio del Estado. 

Todos los abogados de los directivos presentaron su inmediata apelación, Sin embargo, la orden de captura nacional e internacional a los empresarios ya dio inicio.

ACTUALIZACIÓN 00:20
​El juez Richard Concepción Carhuancho reanudó la audiencia y explica sus fundamentos para anunciar fallo contra directivos de las consorciadas de Odebrecht por presunto delito de colusión.

ACTUALIZACIÓN 22:05
El juez Richard Concepción Carhuancho anunció un nuevo receso en la audiencia de prisión preventiva para los representantes de las consorciadas de Odebrecht .  La audiencia iniciará antes de las 3 de la madrugada.

"Voy a hacer un receso adicional no va a hacer mucho tiempo solamente para corroborar la información. No tengo problema en que puedan salir del despacho de la sede, pero no se alejen demasiado porque no voy a tardar mucho. Necesito corroborar la información, más si se está ventilando una prisión preventiva de cinco personas", dijo el juez.

ACTUALIZACIÓN 20:21
A la 10 de la noche, el juez Richard Concepción Carhuancho reanudará la audiencia en la que leerá la resolución sobre el pedido de prisión preventiva de 18 meses en contra de cinco representantes de las empresas Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA, las cuales fueron socias de la brasileña Odebrecht en la ejecución de la carretera Interoceánica.

Actualización 14:30

El fiscal Hamilton Castro rechazó "categóricamente" que el pedido de prisión preventiva por 18 meses para los representantes de tres empresas socias de Odebrecht (Graña y Montero, JJC e ICCGSA) provenga de una "presión política".

Según dijo, su solicitud "es resultado de meses de corroboración".

"Jorge Barata reconoció, en sus propias palabras, que las actas de entendimiento con las socias 'son una ñanga'", exclamó.

Castro indicó que la complicidad de las constructoras no es con Toledo, sino con Barata y advirtió que no es razonable que la empresa JJC haya cedido 85% de su ganancia, ICCGSA 81%, GyM 33%. "Nadie en la actividad privada regala su plata", declaró.

"Aquí hubo un acto de conversión (lavado), las utilidades que ceden a Odebrecht provienen de una concertación en la que los agentes vulneraron los principios de transparencias, pagando coimas ganaron una adjudicación de buena pro, siendo esta la actividad criminal previa, las ganancias están maculadas", sentenció.

El representante del Ministerio Público volvió a intervenir en la audiencia judicial a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, luego de la exposición de los abogados de los cinco investigados, que desestimaron los argumentos fiscales.

Actualización 10:45

Durante la audiencia por el caso Odebrecht, el fiscal Hamilton Castro justificó la necesidad de que los investigados José Graña, Hernando Graña, Gonzalo Ferraro (de Graña y Montero), Fernando Camet (de JJC) y Fernando Castillo (de ICCGSA) se encuentren bajo prisión preventiva por 18 meses.

Indicó que el arraigo, los bienes y el domicilio conocido de los imputados permiten "a esta clase de personas tener toda la estructura, facilidades y condiciones para eludir la acción de la justicia".

"Los procesados tienen todas las condiciones de vulnerar el proceso (...) Pueden viajar a donde ellos quieran"

Otro indicador para el peligro de fuga, añadió Castro, es la gravedad de la pena y las imputaciones formuladas por la Fiscalía. También mencionó "la magnitud del daño causado" en la moral del país y en la ejecución de la Interoceánica, tramos 2 y 3.

"(El prófugo empresario) Gustavo Salazar es el mejor ejemplo de que este tipo de personas, de esta capacidad económica, se van del país. Ahora tiene un proceso de extradición, con todas las dificultades que eso implica. Nadie quiere que perturben las investigaciones", argumentó.

Actualización 10:25

El fiscal Hamilton Castro afirmó que en el año 2011 las empresas peruanas socias de Odebrecht (de Graña y Montero, JJC e ICCGSA) cedieron parte de sus utilidades al Grupo Empresarial brasileño como una suerte de compensación al pago de la coima de 20 millones de dólares para la ejecución del proyecto de la Interoceánica Sur.

El Ministerio Público pide prisión preventiva para José Graña, Hernando Graña, Gonzalo Ferraro (de Graña y Montero), Fernando Camet (de JJC) y Fernando Castillo (de ICCGSA).

"Odebrecht pagó la coima, pero las empresas peruanas compensaron ese gasto luego", señaló el representante del Ministerio Público en la audiencia ante el juez Richard Concepción Carhuancho.

Según indicó, las empresas cedieron más de US$ 15 millones de sus utilidades a favor de Odebrecht. "El 1 de junio de 2011, estas tres empresas se reunieron y determinaron las utilidades bajo el ropaje de riesgos adicionales. Esto consta en actas de juntas de accionistas", explicó.

"Se ha determinado con pericias contables que estas empresas cedieron más de 41 millones de soles de sus utilidades bajo la facha de riesgos adicionales, eso equivale a 15 millones de dolares"

En su exposición, el fiscal Castro puntualizó que en este caso el concepto de riesgos no corresponde a una adecuada actividad empresarial porque no se han generado los documentos correspondientes.

PJ

Poder Judicial evalúa prisión preventiva en caso Odebrecht

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Según el representante del Ministerio Público, el 1 de junio de 2011, los directivos firmaron un acta en la que acuerdan la distribución de las utilidades en favor de Odebrecht. "Todos los imputados la firman y esto se hizo bajo el ropaje de riesgos adicionales", remarcó.

"Está permitido ceder utilidades, pero no hacerlo bajo el ropaje de riesgos adicionales, para camuflar y ocultar actividades ilegales"

Actualización 10:00 am.​

Durante la audiencia, Hamilton Castro señaló que se trata de una presunta organización criminal de alcance internacional que se estructuró a partir de un área especial para pagar sobornos en diversos países para que esa empresa brasileña y sus socios ganen grandes proyectos de infraestructura.

Recordó que Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, tuvo tratos entre el 2004 y 2005 con Abraham Dan  On, entonces jefe de seguridad del presidente Alejandro Toledo, sobre el futuro proyecto de la Interoceánica. 

Indicó que posteriormente a la adjudicación de la buena pro, en el 2005, se produjeron los pagos ilícitos ascendentes a unos 20 millones de dólares, a traves de empresas off shore de Josef Maiman.

"De estas tratativas, como señaló Barata, tuvieron pleno conocimiento los representantes de las empresas socias de Odebrecht (...) idearon un mecanismo para que Odebrecht pague la coima con el conocimiento de los ahora imputados", indicó.

Precisó que en el 2011 las empresas peruanas cedieron parte de sus utilidades al Grupo Empresarial Odebrecht como una suerte de compensación. " Odebrecht pagó la coima, pero las empresas peruanas compensaron ese gasto luego", insistió.

Actualización 9:45

El fiscal Hamilton Castro afirmó que  hoy el Perú será testigo si el sistema de justicia trata con la misma vara a todos los ciudadanos y de inmediato precisó que el Ministerio Público pide prisión preventiva para José Graña, Hernando Graña, Gonzalo Ferraro (de Graña y Montero), Fernando Camet (de JJC) y Fernando Castillo (de ICCGSA).

Al inicio de la audiencia, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, se acreditaron los abogados de cada uno de los cinco ex directivos de las empresas constructoras peruanas que fueron socias de Odebrecht. También hizo lo propio el fiscal Hamilton Castro.

El magistrado pidió que la exposición del Ministerio Público se realice de manera breve. Por ello, otorgó 15 minutos para la presentación general del caso y 35 minutos para cada uno de los imputado.

Actualización 9:35 am.​

A las 9:30 a.m. se inició la audiencia donde se evaluará el pedido de prisión preventiva para los ex directivos José Graña, Hernando Graña, Gonzalo Ferraro (de Graña y Montero), Fernando Camet (de JJC) y Fernando Castillo (de ICCGSA), de las socias de Odebrecht

Fiscalía pidió prisión preventiva para representantes de socias de Odebrecht.

Fiscalía pidió prisión preventiva para representantes de socias de Odebrecht.

Fiscalía pidió prisión preventiva para representantes de socias de Odebrecht.

Fiscalía pidió prisión preventiva para representantes de socias de Odebrecht.

La situación legal se resolverá la mañana de este domingo, según informó el Poder Judicial en Twitter. 

La diligencia estará a cargo del juez  Richard Concepción Carhuancho, quien evaluará el pedido de prisión preventiva.

Se verá así la situación legal de las firmas Graña y Montero, JJ Camet y Contratistas Generales S.A. e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., que, según la Fiscalía, cedieron en favor de la constructora Norberto Odebrecht S.A. y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. US$15 millones de sus utilidades en los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur, para el soborno de US$20 millones solicitado por Toledo.

La ampliación de la investigación preparatoria comprende a José Alejandro Graña Miro Quesada, Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, José Fernando Castillo Dibós, Gonzalo Ferraro Rey y Hernando Alejandro Graña Acuña, a quienes se investiga por delitos como colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado.

Según la fuente de Perú21 en la Fiscalía, Graña y Montero S.A.A. cedió US$6 millones, JJC Contratistas US$5 millones, mientras que Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. US$3 millones.

En la disposición fiscal de ampliación de investigación preparatoria contra las mencionadas constructoras a la que Perú21 tuvo acceso, se detallan los pasos de cómo es que se concretó el pago.

Equipo Lava Jato

Equipo Lava Jato

El Fiscal Hamiton Castro lidera el equipo investigador Lava Jato.

Ministerio Público

Jorge Enrique Simoes Barata , ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú, “comunicó” a los representantes de las empresas peruanas que formaron consorcio con Odebrecht la conversación sostenida con el entonces presidente Alejandro Toledo y la necesidad de distribuir entre ellas US$15 millones para pagar los sobornos a fin de obtener la licitación del Proyecto Interoceánica Sur.

Barata reveló que “las empresas sí tenían conocimiento del acuerdo ilícito. Todo ello fue conversado con los miembros de los directorios de las citadas firmas, quienes asumieron la parte que les correspondía de los pagos ilícitos en la distribución de las utilidades, situación que se puede comprobar en los estados auditados”.

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