Fiscalía interrogará a Otárola por ‘amigas’

Como parte del proceso, trascendió, la Fiscalía convocará al premier para que aclare su intervención en la contratación de Rivera Bermeo quien, según un informe periodístico de Panorama, se favoreció con órdenes de servicio hasta por un monto de S/27 mil, coincidentemente luego de visitar al jefe del gabinete en su despacho. Ella también será citada, pues es investigada como presunta cómplice del delito de colusión simple y agravada. No así Yaziré Pinedo, otra amiga del primer ministro que se benefició con contratos también por S/27 mil. Otros interrogados serán los funcionarios de Devida.

Pese a la gravedad de las denuncias, Otárola no ha dado explicaciones convincentes, y más bien se ha escudado en que el caso está en el ámbito del Ministerio Público. Incluso ha cuestionado el rol fiscalizador de la prensa alegando que “hemos entrado a un peligroso escenario en el que se pide información hasta por la marca del lápiz que utilizamos en nuestros escritorios”.

Entre tanto, en el Congreso, la Comisión de Fiscalización sigue esperando que el primer ministro responda a su llamado y aclare el tema.

En declaraciones a Perú21, el presidente de ese grupo de trabajo, Wilson Quispe, refirió que Otárola ha sido citado ya en tres ocasiones para informar sobre el plan de prevención y contingencia que se implementará frente al Fenómeno de El Niño y también para responder sobre las denuncias de que habría mediado en favor de sus amigas ante Devida, organismo que además está adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Debido a esta renuencia del primer ministro a acudir al Parlamento, Quispe señaló que la próxima semana someterá a consulta de la comisión el pedido de facultades especiales al Pleno para investigar las denuncias que pesan contra Otárola.

- En una audiencia reservada, el juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó a la PCM entregar a la Fiscalía toda la información referida a los planes operativos ejecutados en el marco de las protestas sociales en diciembre de 2022 y enero de 2023.

- La decisión, sin embargo, ha sido apelada por la PCM que se niega a entregar la información, sobre todo la de la DINI que responde directamente al premier.