El último jueves, de la ex alcaldesa de Lima, , y del ex gerente municipal José Miguel Castro, para hallar información que confirme la hipótesis que maneja: que recibieron presuntos aportes irregulares de las empresas y para financiar la campaña contra la revocatoria, entre 2012 y 2013.

En el caso de Castro, los fiscales intervinieron su vivienda en Miraflores, pero en el de Villarán hicieron lo propio en dos viviendas suyas, una ubicada en el mismo distrito y otra en Lurín. Esta última diligencia no estaba prevista, según contó el vocero del referido equipo, el fiscal Óliver Chávez Sánchez.

Chávez explicó que debido a que en el inmueble de Miraflores, al que Villarán siempre hacía referencia como su residencia, no se halló "ni las propias vestimentas" de la ex burgomaestre, se tuvo que pedir al juez la ampliación del allanamiento y así acudir a la casa de Lurín.

"Era el distrito de Lurín, en la cuarta etapa de la playa Arica, en donde se encontraba la ex alcaldesa, por eso el Ministerio Público dispuso ampliar el pedido de allanamiento, que había fijado en dos inmuebles, a uno más y se trasladó ya en horas de la noche y se pudo encontrar que la ex alcaldesa ocupaba el tercer nivel de ese inmueble; ahí sí se pudo recolectar documentos escritos, equipos de cómputo, telefónicos que han sido debidamente recogidos, lacrados y que han sido llevados al despacho fiscal para proceder al deslacrado de los mismos", declaró al programa Sin Reservas.

El portavoz manifestó que "existe abundannte información documental" que fue recabada durante la incautación, lo que "desmitifica que el allanamiento no tiene ninguna validez".

40 DILIGENCIAS

Perú21 conoció que los fiscales encontraron el voucher de una transferencia interbancaria realizada por José Miguel Castro hacia la cuenta en dólares de Villarán. El monto ascendía a US$1,000

Agregó que el caso de Villarán es en el que más interrogatorios se han realizado, alcanzando las 40 diligencias de toma de declaraciones.

Según el publicista Valdemir Garreta, recibió 3 millones de dólares —US$2 de Odebrecht y US$1 millón de OAS—, para asesorar la 'Campaña del No' a favor de la entonces alcaldesa Susana Villarán.

Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht, indicó que su firma abonó US$3 millones por pedido José Miguel Castro y de Susana Villarán, sobre los que pesa una orden de impedimento de salida del país.