Fiscalía incauta terreno del Estado a la red de Orellana

Siguiendo el mismo modus operandi, se valió de testaferros, falsos laudos y malos funcionarios.r
A SALVO. Terreno del nosocomio era usufructuado por testaferros de la organización Orellana. (Perú21)

La incautó un terreno de 5,361 m2 que era de propiedad del hospital Hermilio Valdizán y que había sido ilegalmente registrado a nombre de testaferros de la

Según la resolución judicial a la que tuvo acceso este diario, el equipo liderado por el fiscal Elvis Suárez demostró al juez Juan Sánchez Balbuena, quien dispuso la medida de incautación, que la pareja de esposos José Luis Escobar Jaén y Haydee Ruiz Castro serían presuntos testaferros de la red que encabezaron los hermanos Ludith y Rodolfo Orellana, y utilizaron a funcionarios corruptos de la Sunarp para apropiarse de dicho terreno con documentación falsa.

La pareja simuló la venta del terreno de propiedad del Estado por un monto de US$85,776, registrado a nombre del hospital Valdizán. La inscripción de la escritura pública fue posible gracias a un laudo arbitral simulado en el año 2008. El título fue inscrito por el registrador Pedro Raúl Guzmán Molina, quien se encuentra detenido y a quien la Fiscalía acusa de integrar la red.

Cuando fallece Haydee Ruiz, se tramitó en el área de saneamiento del otrora búnker de Orellana, ubicado en San Borja, la sucesión intestada para transferir la propiedad. El terreno pasó entonces a manos de Hermógenes Cabrejos Sánchez por una supuesta deuda de US$120 mil. Este falleció el 19 de enero de 2010 en Cajamarca.

Los padres del occiso, Rafael Cabrejos Vera y Simona Sánchez de Cabrejos, transfirieron la propiedad a la pareja de esposos Pedro Landa Niada y Amalia Calderon Vascones, por una supuesta deuda de US$150 mil de Cabrejos Sanchez, según señala la resolución judicial.

La ruta de estas operaciones fraudulentas fue posible hallarla gracias a la información de un colaborador dada a la Fiscalía Anticorrupción.

TENGA EN CUENTA:

* El fiscal anticorrupción Elvis Suárez obtuvo dos sentencias de colaboración eficaz que le permitieron conocer el modus operandi de la red Orellana al interior de la Sunarp. 

* El juez Juan Sánchez Balbuena dispuso la incautación del terreno del Estado.

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