Fiscalía formalizó investigación preparatoria contra Edgar Alarcón

El Ministerio Público informó que ha formalizado investigación preparatoria contra el ex contralor general Edgar Alarcón por el presunto delito de peculado doloso contra el Estado, al haber autorizado pagos presuntamente irregulares a favor de más de un centenar de ex funcionarios de la Contraloría.

Precisan que entre dichos ex trabajadores se encuentra Marcela Mejía Franco, madre de dos hijos de Alarcón, quien se habría beneficiado con el pago de S/ 127 mil.

Según la Fiscalía, Edgar Alarcón habría intervenido en un total de 121 convenios de término de contrato de trabajo por mutuo disenso de manera irregular, cuando se desempeñó como gerente general de la Contraloría en el 2010.

A través de esos consensos, los más de cien ex funcionarios se habrían beneficiado con el pago de incentivos de un suelo y medio por año, a pesar de que esto solo se da en casos de que un trabajador sea despedido arbitrariamente.

Pero Alarcón no habría operado solo. De acuerdo al Ministerio Público, otros 118 funcionarios de la Contraloría habrían actuado en la irregular emisión de las liquidaciones por beneficios sociales y aprobación de comprobantes de pago, pese a tener conocimiento que ello era ilegal. "Contaban con un informe de la Gerencia legal del órgano de control en el que se indicaban irregularidades en dichos actos", señala el comunicado.

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Se trata de los ex gerentes de Gestión y Desarrollo Humano de la Contraloría, María Teresa Merino Caballero, Carlos Manuel Ureta Solis, Hugo Ricardo Matallana Vergara, Carla Patricia Gutiérrez Ramírez y Raúl Martín Ramírez Jara; los ex gerentes de Finanzas Esperanza Varillas Vivas y Nimia Chin Arca, Julio Córdova Velásquez y Juan José Ávila; entre otros.

ALCALDE TAMBIÉN ES INVESTIGADO

Además, la Fiscalía señala que el actual Alcalde de la Molina, Juan Carlos Zureck, también es investigado por este caso al haber permitido que Marcela Mejía sea contratada como asesora del Órgano de Control Interno (OCI) de dicho municipio, "pese a que reunía los requisitos para ejercer el cargo".

"Ellos afrontarán una investigación por presuntos delitos de colusión agravada, nombramiento y aceptación indebida de cargo público", indica el comunicado.

La investigación estará a cargo de la fiscal Zoila Sueno Chirinos, titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, quien ha declarado el caso como complejo y tendrá 8 meses para la realización de diversas diligencias que comprenden la toma de declaraciones.

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— Ministerio Público (FiscaliaPeru) 1 de agosto de 2017