Fiscalía especializada de extinción de dominio recuperó bienes por más de US$ 25 millones. (Foto: Fiscalía)
Fiscalía especializada de extinción de dominio recuperó bienes por más de US$ 25 millones. (Foto: Fiscalía)

Las Fiscalías Especializadas de Extinción de Dominio recuperaron bienes valorizados en más de 25 millones de dólares a favor del Estado peruano en dos años de funcionamiento, a través de 86 demandas amparadas en primera instancia. Así se informó a través de una publicada en su portal institucional.

La legislación sobre extinción de dominio tiene el objetivo de generar a favor del Estado Peruano la titularidad de los bienes patrimoniales que se deriven del delito y de otras actividades ilícitas, a través de un proceso distinto que no requiere una sentencia penal, proceso penal en trámite o una investigación preliminar iniciada.

¿Qué es el proceso de extinción de dominio?

Es un mecanismo legal mediante el cual se pueden perseguir los bienes y recursos de origen ilícito, para declarar su titularidad a favor del Estado.

Los bienes ilícitos sobre los cuales se aplica la extinción de dominio son los obtenidos por el delito contra la administración pública, contra el medio ambiente, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria y minería ilegal.

Producto de su labor, el subsistema de extinción de domino se ha convertido en un brazo legal en la lucha contra estas actividades ilícitas.

Además, las fiscalías especializadas de extinción de dominio se rigen por una nueva legislación, bajo los principios de objetividad y están organizadas en tres fiscalías superiores, 24 provinciales y una coordinación nacional.

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Como se recuerda, en el 2020, las fiscalías de extinción de dominio lograron recuperar en bienes, cerca de 20 millones de dólares a favor del Estado provenientes de la comisión de diferentes delitos.

Una de las sentencias más importantes fue la del caso Moshe, que permitió recuperar US$ 8 millones 488,919 vinculados a delitos de corrupción perpetrados por funcionarios vinculados con la organización dirigida por el exasesor Vladimiro Montesinos y donde Moshe Rothschild Chassin era el beneficiado.

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