La Fiscalía envió el último viernes al Ministerio de Justicia (Minjus) el esperado informe en el que precisa si Odebrecht tiene investigaciones penales pendientes, requisito que se hacía indispensable para atender el pedido de reembolso de S/524 millones planteado por la empresa brasileña tras la venta de la hidroeléctrica Chaglla.
Perú21 conoció que el documento fue presentado al ente administrador del fideicomiso, que coordina Cecilia García Díaz, y a la jueza María de los Ángeles Álvarez, como lo dispone la sentencia de homologación del acuerdo de colaboración de la compañía. Aunque se desconoce sus conclusiones.
Fuentes del equipo especial Lava Jato indicaron a este diario que ahora le corresponde al Minjus evaluar el contenido del informe. Desde ese ministerio se abstuvieron de dar algún detalle al respecto.
De acuerdo a la sentencia emitida por Álvarez, si se quería eximir a Odebrecht de la aplicación de la Ley N° 30737, la constructora no debía afrontar investigaciones o procesos penales. Y sobre eso debía informar la Fiscalía.
Hace una semana, Perú21 informó que el equipo especial comunicaría al Minjus que un funcionario de Odebrecht tiene una investigación pendiente en la Fiscalía Anticorrupción de Tarapoto. Este proceso es por el otorgamiento de la buena pro a dicha empresa para la construcción de la carretera Cuñumbuque-San José de Sisa, por S/109 millones en 2008. El expediente de la indagación fue solicitado al fiscal José Villalba de Tarapoto para que incorporarlo al informe.
La Ley N° 30737 es la norma que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos. Odebrecht, como se sabe, se comprometió a pagar S/610 millones como indemnización al reconocer el pago de sobornos en cuatro obras: Metro de Lima, Interoceánica Sur, Vía Costa Verde y Vía Evitamiento del Cusco.
Los S/524 millones es el monto que quedó como saldo de los S/1,052 millones que le retuvo el Estado peruano a la firma por esa venta, de los cuales S/435 millones se usaron para cancelar la deuda de la brasileña con la Sunat, S/12.5 millones para saldar la reparación civil por la carretera de Chacas (Áncash) -que está fuera del acuerdo de colaboración- y S/80 millones como pago de la primera cuota de los S/610 millones fijados.