La fiscal Ángela Zuloaga, miembro del equipo especial Lava Jato, desistió hoy de pedir la prisión preventiva para el exgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima, Gabriel Prado Ramos, quien está incluido en la investigación a la detenida exalcaldesa Susana Villarán.
"Ante los nuevos elementos de convicción presentados y que se deben evaluar se observa que podría variar la situación jurídica de tres personas", manifestó Zuloaga en la audiencia.
Además de Prado Ramos, la inhibición también aplica para los empresarios Óscar Vidaurreta Ízaga y César Meiggs Rojas, quienes han señalado al Ministerio Público que fue el hoy preso exgerente municipal José Miguel Castro quien los contactó para participar en la campaña contra la revocatoria de Villarán, en 2013.
De acuerdo a la fiscal, Castro amenazaba a los empresarios para que, a través de sus compañías, se realicen contratos ficticios y así se dé apariencia de legalidad a los millonarios aportes que ingresaban de Odebrecht y OAS.
Según la investigación, la campaña del No fue financiada con dinero ilícito entregado por Odebrecht (US$3 millones) y OAS (US$3 millones), mientras que la de reelección (2014) con el abono de US$4 millones de OAS.
Villarán reconoció que siempre supo de esos aportes y que acordó con Castro solicitarlos. La Fiscalía señala que ese dinero fue recibido a cambio de darle a las compañías la concesión de megaobras públicas.
En el caso Odebrecht, el aporte le sirvió para ganar la adjudicación del proyecto Nuevas Rutas de Lima y a OAS para que se aplique una adenda al contrato de Línea Amarilla que le permitió extender el acuerdo 30 a 40 años de concesión.
Eduardo Roy Gates, abogado de Gabriel Prado, indicó que su patrocinado no se ha acogido a la colaboración eficaz pero que aún así seguirá entregando información que requiera el equipo especial.
Prado entregó audios en donde se le escucha a José Miguel Castro recomendarle que niegue ante los fiscales que sabía de la existencia de una cuenta abierta en Andorra a su nombre.