La Fiscalía de la Nación ha formalizado una denuncia constitucional contra la excongresista Luciana León por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, aprovechándose de su cargo como funcionaria pública.
Según un comunicado emitido por el Ministerio Público, se investiga a León Romero por presuntamente ofrecer sus servicios como intermediaria ante funcionarios de diversas entidades estatales y miembros del Partido Aprista Peruano entre los años 2018 y 2019. A cambio de estas gestiones, la exparlamentaria habría solicitado beneficios económicos personales.

Esta denuncia se enmarca en las investigaciones que ya se seguían contra Luciana León por su presunta vinculación con la organización criminal conocida como ‘Los intocables ediles de La Victoria’.
Este caso se destapó en agosto de 2018, con la detención de Elías Cuba, quien entonces era alcalde de La Victoria, junto con otros funcionarios municipales. Se les acusó de integrar una red dedicada a la extorsión de comerciantes ambulantes en dicho distrito limeño.
Las investigaciones revelaron que ‘Los intocables ediles’ habrían obtenido ganancias ilícitas superiores a los 26 millones de soles anuales a través de cobros irregulares por conceptos como estacionamiento vehicular y recojo de residuos sólidos (SISA), afectando a más de 8,000 comerciantes que trabajaban en la vía pública.
La implicación de Luciana León en este caso elevó el escándalo a un nivel político. Se le señaló como el ‘brazo político-legal’ de esta presunta mafia, acusándola de gestionar la sobrevaloración de obras y servicios públicos en La Victoria con el objetivo de obtener ingresos ilícitos.
De acuerdo con la Fiscalía, la excongresista aprista habría recibido por estas gestiones sumas que oscilaban entre los 15,000 y 30,000 soles mensuales durante los años 2017 y 2018.
Además, se le imputa haber intercedido ante los Ministerios de Economía y Finanzas y de Vivienda, Construcción y Saneamiento para agilizar la ejecución de obras municipales en La Victoria, entre otras acciones.
Como consecuencia de estas investigaciones, en enero de 2020, el Poder Judicial dictó 36 meses de impedimento de salida del país contra Luciana León. Sin embargo, en julio de 2024, el juez supremo Juan Carlos Checkley revocó esta medida restrictiva.
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