Fiscalía busca acusar a cúpula de red Orellana a final de año

Con la captura de Rodolfo Orellana Rengifo, en noviembre de 2014, se inició la desarticulación de una de las más grandes organizaciones criminales que ha conocido el país, según la hipótesis de la Fiscalía. Hoy, tres años después, el abogado ya cumple una condena de seis años de prisión por estafar al Estado y, junto a él, algunos miembros de su cúpula, que estaba integrada por sus más cercanos familiares. Pero ese es el menor de los delitos que Orellana afronta.

Como señala en su investigación la fiscal de lavado de activos, Marita Barreto, la red que encabezaba Orellana Rengifo no era una banda criminal común. Y es que estaba conformada por profesionales de distintas ramas —notarios, árbitros, ex funcionarios, jueces y fiscales— que sabían cómo eludir normas y aprovechar vacíos legales para apropiarse de dinero y de bienes públicos y privados.

Uno de los actos ilícitos que solía perpetrar esta organización criminal, por ejemplo, era la apropiación de terrenos.

Según la Fiscalía, encontraban un predio con problemas legales, falsificaban la inscripción de la propiedad a nombre de un testaferro para que la posesión pase bajo su mando, empezaban el proceso de su remate para darle legalidad a su operación y el dinero de la venta se quedaba con ellos. Cuando el propietario real se daba cuenta, ya había perdido la tutela.

Al inicio de las indagaciones, se sospechaba de 20 personas que se habrían coludido con Orellana para realizar estas operaciones. A estas alturas, la fiscal Barreto tiene en su radar a 400 investigados, todos involucrados en hasta 160 hechos delictivos.

Sin embargo, debido a los centenares de procesados que existen, la estrategia fiscal se enfocará en acusar primero a la cúpula. Por eso, Barreto solicitará al Poder Judicial desacumular el caso y así llevar a juicio a 40 personas, entre las que figuran Rodolfo Orellana, su hermana Ludith y su hijo adoptivo Churchill Ríos Vela.

Los tres se encuentran ya tras las rejas: Ludith está detenida de manera preventiva, mientras que Churchill, al igual que su padre, fue sentenciado a cinco años de cárcel por el caso Coopex.

Fuentes de Perú21 en el Ministerio Público precisaron que la solicitud de desacumulación será presentada a fines de este mes.

De ser admitida por el juez, Marita Barreto interpondrá, a la brevedad, la acusación fiscal contra las decenas de procesados a la espera de la programación del juicio oral.

Según lo aseguró en una entrevista con el programa Sin Reservas, del Ministerio Público, Barreto tiene pruebas suficientes para imputar a la red los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, entre otros.

Los casos

Este diario pudo conocer que la fiscal sustentará su acusación con casos emblemáticos que definieron el despliegue de la red Orellana.

Además de la apropiación ilícita de terrenos, Barreto incluirá en su denuncia la emisión de cartas fianza sin valor que el también empresario generaba a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex).

Con Coopex, la red elaboraba cartas para darle una falsa garantía financiera a empresas que habían ganado contratos con el Estado. Tras recibir el pago adelantado, la compañía jamás ejecutaba la obra y se esfumaba. Se estimó que, bajo esta modalidad, la organización estafó al Estado hasta con S/56 millones.

El otro caso es el de Juez Justo, la revista con la que Orellana atacaba a políticos, jueces, fiscales, periodistas y cualquier otra persona que sacara a la luz sus acciones.

El semanario era dirigido por Benedicto Jiménez, el coronel de la Policía en retiro que en los 90 encabezó el GEIN, que capturó al cabecilla de Sendero Luminoso, Abimal Guzmán.

Jiménez fue detenido en julio de 2014 y cumple hoy arrestó domiciliario debido a una enfermedad coronaria. Su nombre figura entre los 40 procesados que la Fiscalía planea acusar en diciembre.

Perú21 pudo corroborar que, en el caso Orellana, la justicia ha incautado 106 inmuebles valorizados en S/200 millones, 43 vehículos y más de S/10 millones de soles en efectivo. Existen, también, 23 colaboradores eficaces que, tras admitir delitos cometidos, han brindado información importante para desenmarañar esta red delictiva.

Para el congresista Víctor Andrés García Belaunde, una de las víctimas de Juez Justo, el Poder Judicial “debe condenar con la máxima pena” a los que resulten responsables.

“Esta es una mafia organizada, una mafia que desde abajo llegó a corromper a funcionarios de gobierno, tanto así que se apoderaron de propiedades del Estado con ayuda de esos funcionarios públicos (...) merecen que les caiga todo el peso de la ley”, insistió en diálogo con este diario.

El vínculo con Díaz Arce

A finales de octubre, el empresario y pastor Vicente Díaz Arce fue capturado en su vivienda de Surco, en un operativo que incluyó la intervención de 13 inmuebles en distintos distritos de Lima.

De acuerdo con la investigación fiscal, a la que accedió Perú21, Díaz Arce y su esposa Elizabeth Amanda Palomino Córdova encabezan una red criminal que recibió el apoyo del grupo Orellana para, de manera fraudulenta, apoderarse de tiendas en Gamarra.

Según el Ministerio Público, el matrimonio “incrementó su patrimonio criminal con la fachada de prósperos empresarios, siendo que estos inmuebles sirvieron para (...) lavar los activos”.

Díaz Arce y Palomino, de acuerdo con la indagación, han usado los ingresos ilícitos para adquirir nueve inmuebles y cuatro vehículos.

No obstante, Javier Villa Stein, abogado de los investigados, aseguró que sus patrocinados obtuvieron sus propiedades de manera legal y los desmarcó de Orellana. “Esta es una farsa de la cual se pedirán cuentas oportunamente”, declaró a la prensa.

Tenga en cuenta

- Perú21 intentó contactarse con un abogado de Rodolfo Orellana, pero un familiar de este último aclaró que el detenido letrado se defiende solo.

- Esta semana, Orellana solicitó al Poder Judicial ser absuelto del caso Coopex porque, a su juicio, no se han acreditado “pruebas suficientes que desvirtúen la presunción de inocencia” sobre sus responsabilidades.

- El abogado, quien está recluido en Challapalca (Puno), fue detenido hace 3 años en Cali, Colombia.