La Fiscalía de la Nación presentó un recurso de apelación contra la decisión del Poder Judicial que anuló el juicio oral en el emblemático caso Cocteles. El fiscal José Domingo Pérez calificó el fallo emitido el pasado 13 de enero como un “retroceso injustificado” en un proceso de alta relevancia pública. Este caso involucra a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien enfrenta graves acusaciones de lavado de activos y organización criminal.
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El Ministerio Público argumenta que esta decisión no solo afecta el desarrollo del caso, sino que también pone en riesgo la posibilidad de juzgar oportunamente los delitos investigados.
En su recurso, el fiscal Pérez destacó que la etapa de control de acusación ya había concluido de manera válida, cumpliendo con las disposiciones del Código Procesal Penal.
Apelación de José Domingo Pérez sobre anulación de juicio de Keiko Fujimori. (Foto: Difusión) La anulación del juicio oral por parte de la Sala Penal de Apelaciones Nacional genera incertidumbre sobre el futuro del proceso. Según Pérez, esta resolución podría sentar un precedente peligroso al permitir que imputados en casos de corrupción de alto perfil utilicen recursos legales para dilatar procesos judiciales.
El fiscal también subrayó que el Ministerio Público ya había presentado pruebas suficientes para justificar el inicio del juicio oral. Entre estas se incluyen testimonios de exfuncionarios de Odebrecht, quienes afirmaron que la constructora brasileña financió ilegalmente las campañas presidenciales de Fujimori en 2011 y 2016 mediante aportes no declarados.
Próximos pasos
El Poder Judicial deberá pronunciarse en las próximas semanas sobre el recurso de apelación presentado por la Fiscalía. Si este es aceptado, el juicio oral podría retomarse de inmediato, respetando el cronograma inicial. De lo contrario, el caso regresaría a la etapa de control de acusación, lo que implicaría una nueva demora.
“El retroceso procesal ordenado por el Poder Judicial vulnera principios fundamentales de celeridad y eficacia”, declaró Pérez a RPP. Asimismo, advirtió que la resolución podría interpretarse como una maniobra para favorecer a los acusados y socavar los esfuerzos del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción.
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