Keiko Fujimori será investigada también por el delito de obstrucción a la justicia, de acuerdo con la disposición emitida por el fiscal José Domingo Pérez, quien está a cargo del caso de presuntos aportes irregulares a la campaña presidencial de la detenida lideresa de Fuerza Popular.
A Fujimori se le imputa el delito de lavado de activos y ser cabecilla de una organización criminal al interior de su partido político. Pero el fiscal ha ampliado la indagación por obstrucción a la justicia al argumentar que, a través de sus abogados, entorpeció las investigaciones en su contra.
En la disposición, a la que accedió Perú21, se señala que "había un diseño de obstaculización a la justicia para permitir impunidad en las investigaciones seguidas contra Keiko Sofía Fujimori Higuchi y otros". En esta práctica también se inclue a Vicente Silva Checa, sindicado de ser "asesor en las sombras" de la ex candidata presidencial.
Pérez sustenta su postura con documentos que incautó en el último allanamiento a las oficinas del estudio Oré Guardia. El fiscal ha presentado nueve recibos por honorarios en los que figuran pagos de ese bufete al detenido Silva Checa.
Por esa misma razón ha incluido a seis abogados en la investigación, al considerar que se enfocaron en perturbar las diligencias. ¿De qué manera? Al -según el Ministerio Público- inducir a los presuntos aportantes de campaña a que presenten falsos testimonios cuando declararon ante el fiscal.
Los abogados comprendidos son Arsenio Oré Guardia, Edward García Navarro, Danae Calderón Castro, Luis Lazo Mendoza, Lorena Gamero Calero y Giuliana Loza. Loza es la actual abogada de Fujimori.