Cada día que pasa, hay nuevos pedidos de renuncia para el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. A los pronunciamientos de fiscales de Áncash, Puno, Selva Central y Huancavelica, incluido el fiscal supremo Pablo Sánchez, ayer se sumó el de los miembros de Arequipa.
La Junta de Fiscales Superiores de ese distrito judicial le pidió que se aparte del cargo para que pueda ser investigado por su presunto vínculo con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.
“A efectos de cautelar el absoluto respeto que merece nuestra institución por la sociedad en general y atendiendo al momento histórico que vive nuestro país, solicitarle la abstención en forma provisional del cargo de fiscal de la Nación”, se lee en el comunicado.
Además, los magistrados indican que se debe respetar el derecho de defensa de Chávarry y “demás garantías procesales” para “recuperar credibilidad y legitimación” para el Ministerio Público.
Asimismo, exhortaron al Congreso de la República a que “sin dilaciones injustificadas” se proceda a aprobar los proyectos de ley para ejecutar la reforma del sistema judicial.
En esto último, también coincidió el equipo de fiscales de Lavado de Activos que lidera Marita Barreto.
Pero Barreto y compañía demandaron al Parlamento, como primer paso, que suspenda en sus funciones a Chávarry y a los cuestionados fiscales supremos Tomás Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez Monteza.
También ayer, Chávarry emitió 22 resoluciones para atender los requerimientos de las juntas de fiscales superiores del país, tal y como lo hizo la semana pasada al realizar 43 cambios, esperando ganar sin éxito su respaldo.
Esta vez fueron 30 las modificaciones hechas, entre renuncias, salidas y nombramientos, y se registraron en las jurisdicciones de Loreto, San Martín, Áncash, Madre de Dios, Callao y Lambayeque.
Fueron 27 de 34 presidentes de las juntas de fiscales los que exhortaron al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a tomar una decisión “acorde a los intereses” de la entidad.