Fiscal pide 35 años de prisión para Rodolfo Orellana y cúpula de su red

Uno de los ambientes del despacho de la fiscal Marita Barreto está abarrotado de pilas de documentos. Es casi imposible movilizarse. Pero cada una de las rumas de papel está numerada, por lo que es evidente que han sido ordenadas así. Para cualquier extraño, esto podría tratarse de simples archivos; pero para Barreto, cada cuadernillo representa la extremidad de un cuerpo al que llama acusación fiscal contra Rodolfo Orellana.

Después de casi cinco años, desde 2014, la fiscal provincial de Lavado de Activos ha concluido con la investigación a la que cataloga como “la más compleja de la historia del país”.

Ni el caso Lava Jato –en el que están implicados presidentes, ministros, políticos y funcionarios públicos con el pago de sobornos de empresas brasileñas– se le asemeja, asegura. (Vea la entrevista)

Ayer solicitó ante el Cuarto Juzgado de la Corte Superior Especializada en Crimen Organizado y Corrupción la pena de 35 años de prisión para el abogado Orellana y los miembros de la cúpula de su organización criminal, que superan los cincuenta individuos.

De acuerdo con la investigación, el círculo más cercano del detenido empresario estaba integrado por su hermana Ludith Orellana, quien era su segunda al mando; su hijastro Churchill Ríos Vela; y el ex policía, quien fuera la cabeza del memorable Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), Benedicto Jiménez Bacca, ahora convertido en un agente del crimen.

La investigación incluye a 382 personas, entre naturales y jurídicas. Y como toda organización criminal, cada miembro estaba especializado para la comisión de un tipo de delito.

RED DESARTICULADA

Barreto ha llegado a establecer que los integrantes eran profesionales que sabían muy bien cómo eludir las normas e infiltrarse en los estamentos públicos para lograr sus cometidos. Y lo habrían estado haciendo impunemente durante doce años, entre 2002 y 2014.

La mano de la organización criminal intervino en licitaciones públicas, en la ejecución de actos jurídicos fraudulentos, en la apropiación de bienes inmuebles de terceros y en estafas al Estado con S/56 millones.

Para incurrir en la mayoría de estos delitos, la red Orellana corrompió a funcionarios públicos. La Fiscalía identificó al ex juez supremo Robinson Gonzales Campos como la cabeza del brazo legal del clan. Gonzales y sus hermanos, según la fiscal, se disponían a ocultar y facilitar el lavado de bienes muebles.

Benedicto Jiménez, en tanto, estaba encargado de desprestigiar y atacar a políticos, personalidades y periodistas que revelaran las ilegales operaciones que desplegaba la organización criminal.

Lo hacía a través de las revistas Juez Justo, Vox Populi y Quinto Poder. Además de la radio Juez Justo y el programa de televisión del mismo nombre.

Pero también están implicados funcionarios de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), desde donde Orellana logró legalizar la apropiación ilegal de terrenos y bienes inmuebles.

El principal acusado es el ex jefe de esa entidad, Álvaro Delgado Scheelje. Él y otras 21 personas son imputados por los delitos de asociación ilícita para delinquir y cohecho (soborno).

El caso de estas personas ya se encuentra en juicio oral. Ayer se realizó una audiencia en la que el fiscal Eiser Jiménez Coronel solicitó entre tres años y 10 meses, y 16 años de prisión para los procesados.

Según el Ministerio Público, al tener capturada a la Sunarp, la red Orellana inscribió 49 títulos de propiedad de manera irregular a su favor tras despojárselos a otros ciudadanos que no tenían idea de que eran víctimas de esa estafa.

Esta organización operó entre los años 2009 y 2013, entregando sobornos a funcionarios de la Sunarp para lograr sus objetivos. Por estos hechos, la Procuraduría pidió el pago de S/10 millones como reparación civil.

UNA PENA MÁS

Rodolfo Orellana, de esta manera, se enfrenta a la pena más alta que han solicitado por él. A sus 55 años de edad, ya fue condenado a seis años de cárcel por estafar al Estado a través de la emisión de cartas fianza sin valor con la creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex).

En 2016, el Poder Judicial lo condenó a dos años de prisión suspendida por difamar al empresario Jorge Pazos Holder, dueño del instituto Cesca.
Tiene una sentencia, además, de cinco años de cárcel por haber tenido un celular en su celda del penal Piedras Gordas, ubicado en Ancón.

Precisamente, después de esta filtración en su celda, se ordenó su traslado al penal de Challapalca, establecimiento que se encuentra en la región Tacna a casi cinco mil metros de altura.

Si bien la acusación se presenta como un paso importante para encontrar justicia, los agraviados por esta red aún se sienten insatisfechos.

El empresario Giovanni Paredes, quien recuperó dos camales luego de que la organización criminal se los despojara, considera que el tiempo que la ha tomado a la fiscal concluir con el proceso “ha sido excesivo”.

“La acusación debe culminar en una pronta sentencia, pero es lamentable corroborar que nuestro país está sumido en la corrupción, este sistema está creado para que todo se recicle, hasta los malos jueces y fiscales encuentran la manera de permanecer”, declaró a Perú21.

Aún así, Paredes saludó la decisión tomada por el Ministerio Público. “Están cumpliendo con su labor”, manifestó.

Cuando Marita Barreto se sumerge nuevamente entre los 4,600 tomos que comprenden su acusación, solo piensa en todo el tiempo, frustraciones y desvelos que le han demandado. La han marcado, son su creación.

Tras una pausa, vuelve a la realidad, mira adelante y sale de ese cuarto porque sabe que al estar ad portas del juicio oral –la etapa decisiva de su caso–, regresará. Quizá para buscar la inspiración que la llevó a asumir este reto.