¿Jugada al descubierto? El fiscal de Lavado de Activos José Domingo Pérez, a cargo de la investigación a Keiko Fujimori, detectó que los encarcelados Jaime Yoshiyama y Pier Figari habrían intentado ayudar a liberar a la excandidata presidencial con acciones hilvanadas desde el propio penal Castro Castro, donde están recluidos.
Pérez detectó estas maniobras hace varias semanas. Por ello, acudió al Poder Judicial con el fin de que estos sean trasladados a otros centros penitenciarios.
El pasado 10 de mayo, el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional le dio la razón y ordenó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) cambiar a Yoshiyama, exjefe de campaña de Fujimori, y al exasesor Figari a un penal diferente.
Hasta la mañana de ayer, el INPE no movió ni un dedo para ejecutar la disposición judicial. Eso motivó al fiscal Pérez a acusar a la entidad de obstaculizar su trabajo.
Recién por la tarde, el INPE emitió un comunicado que informa que Figari fue trasladado al penal de Ancón II. En declaraciones a Canal N, el director del INPE, Carlos Romero, confirmó que Yoshiyama y Figari estaban en el mismo pabellón y que sí había comunicación.
¿QUÉ HICIERON?
Según José Domingo Pérez, Yoshiyama habría pedido a otros implicados en el mismo caso de lavado de activos (Figari y Luis Mejía) que “no declaren en la Fiscalía sobre el caso Fujimori porque tenía la certeza de un resultado favorable en la casación que planteó (para que la excarcelen)”.
Al salir de la sede del INPE, adonde fue para agilizar la reubicación, Pérez recordó que estos investigados están presos por integrar una presunta organización criminal.
“Sorprende, preocupa y causa malestar en la Fiscalía que el INPE adopte decisiones que no se ajustan al mandato judicial (...) Lo que evidenciaba una cierta obstaculización al desarrollo de la investigación, más aún cuando se ha puesto de conocimiento al juez y lo ha amparado”, comentó Pérez.
“Hemos constatado que, mientras se acerca la fecha de la casación de la investigada Fujimori, se vienen presentando situaciones que no son regulares”, advirtió.
Consultado sobre las nuevas conversaciones del chat La Botica, en las que quedó en evidencia el apoyo que le dio FP a Pedro Chávarry, dijo que por ello se reafirma en que era necesaria la prisión preventiva contra Fujimori.
En el diálogo, Úrsula Letona, entonces vocera de Fuerza Popular, pedía a sus colegas “garantizar” que Pedro Chávarry asuma el cargo de fiscal de la Nación pese a las críticas en su contra por aparecer en los audios de la vergüenza.
“Tenemos que garantizar que Chávarry llegue... Y que en el PJ no asuma (el juez supremo César) San Martín. Quiere entrar en reorganización”, escribió Letona.
SE DEFIENDEN
Madeleine Reyes, abogada defensora de Pier Figari, indicó que su patrocinado tiene una conducta intachable y que la resolución judicial que dispone cambiar de cárcel a su patrocinado y a Jaime Yoshiyama “no tiene fundamentos”.
“No existe comunicación; es más, no se puede hablar de que exista un ambiente común, porque esos ambientes son separados por personas”, dijo a Canal N.
Humberto Abanto, abogado de Yoshiyama, manifestó que es falsa la denuncia del fiscal Pérez y que no hay ninguna prueba de algún intento, de parte de su patrocinado, de persuadir a otros implicados para que no hablen contra Keiko Fujimori. “Me he comunicado con Yoshiyama y lo ha negado”, indicó.
En Twitter, Abanto indicó que su cliente ha apelado para no ser trasladado a otro penal. “¿No sabe Pérez que el juez Zúñiga concedió la apelación y elevó el expediente a la Sala? ¿O solo busca escandalizar con miras al debate de una casación en el que no participará por su inferioridad jerárquica?”, señaló. La audiencia de esa apelación será el 28 de este mes.
CAMBIO DE FISCAL
Por otro lado, Pérez recordó que ha dejado constancia ante el coordinador del equipo Lava Jato, Rafael Vela, sobre las llamadas telefónicas que recibió del personal de la oficina del fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza para obtener información de una manera “no regular”. En ese escenario, Vela informó que el equipo especial ya presentó una solicitud ante la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, con el objetivo de buscar una “reflexión” en la Junta de Fiscales Supremos respecto de la situación de Rodríguez Monteza, quien tendrá que defender la posición del Ministerio Público en la casación planteada por la defensa de Fujimori.
“(Queremos) sentirnos representados sin ningún nivel de sospecha respecto a la vinculación de un fiscal supremo en este caso. Sería saludable que sea un fiscal sobre el cual no exista ninguna duda porque se trata de un caso trascendente, como el de Fujimori, que debe estar acompañado de todas las garantías”, señaló.
Precisó que esperaban que el propio Rodríguez Monteza decidiera, voluntariamente, apartarse y que sea Pablo Sánchez quien asuma la defensa.
Por otro lado, la Sala Penal de Apelaciones declaró ayer infundada la apelación que plantearon Figari, Ana Herz y el abogado Vicente Silva Checa contra el allanamiento e incautación de sus bienes.
Datos:
- La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue recluida el 1 de noviembre de 2018 en el Penal de Mujeres de Chorrillos.
- La excandidata presidencial cumple una orden de prisión preventiva por 36 meses por el presunto delito de lavado de activos.
- Fujimori ha negado estar implicada en actos de corrupción y de haber recibido dinero de Odebrecht para su campaña presidencial.